El rechazo de cuatro espacios costeros en Los Lagos instala una señal política que va más allá de estas solicitudes. Mientras el gobernador Alejandro Santana exige “valor agregado, inversión y empleabilidad”, SalmonChile vuelve a pedir cambios a la Ley Lafkenche, poniendo bajo presión un instrumento creado para reconocer los usos ancestrales y proteger territorios capaces de sostener comunidades, alimentos, biodiversidad, memoria y vida.
Editorial DiarioMapuche
27 de agosto de 2026
Hay una frase pronunciada después del rechazo de cuatro Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) en Los Lagos esta esta semana que merece atención: el gobernador regional Alejandro Santana dijo que lo ocurrido marca un “punto de inflexión” para las solicitudes amparadas por la Ley Lafkenche.
La Comisión de Uso del Borde Costero de la Región de Los Lagos (CRUBC) rechazó este martes 25 de agosto de 20206 las solicitudes correspondientes a Isla Tranqui (Queilen), Tabón y Puluqui (Calbuco), Nercón (Castro) y Yaldad (Quellón).
El rechazo de estas solicitudes no es un episodio aislado. Como antecedente, el 7 de junio de 2024 esta misma CRUBC votó cinco solicitudes de ECMPO de Chiloé: cuatro fueron rechazadas y una quedó sin resolución. Lo preocupante ahora es que el rechazo comienza a presentarse no como una decisión particular sobre determinados expedientes, sino como la demostración de que es la propia Ley Lafkenche la que empresarios salmoneros, portuarios, inmobiliarios y sectores de la clase política quieren cambiar.
Santana fue particularmente explícito: afirmó que las futuras solicitudes de ECMPO deben generar “valor agregado al territorio, inversión y empleabilidad”.
Detengámonos allí. La Ley 20.249 no nació para convertir a las comunidades mapuche williche en agencias de inversión ni para exigirles que demuestren cuánto crecimiento económico pueden producir antes de reconocer su relación consuetudinaria con el mar. Nació para reconocer y resguardar usos ancestrales de pueblos que habitan, navegan, pescan, recolectan, intercambian alimentos y construyen conocimiento en estos territorios, incluso mucho antes de que existiera el Estado y las actuales divisiones administrativas.
Condicionar la legitimidad de esos espacios a su capacidad para generar inversión significa introducir otra pregunta: ¿cuánto debe producir un territorio para merecer ser protegido?
Durante siglos se consideró improductiva la tierra indígena porque no respondía a la manera occidental de medir propiedad, explotación y rentabilidad. En el caso del pueblo Mapusche, sus tierras fueron ocupadas militarmente, repartidas entre colonos y fraccionadas y disminuidas para las comunidades originarias. Hoy esa misma lógica corre el riesgo de desplazarse hacia el mar: si el espacio no produce suficiente “valor agregado”, entonces pareciera no tener valor.
Incluso en Chile han señalado que en ciertas regiones como Aysén, lugar clave de la Patagonia “no vive nadie” y por tanto, con esa lógica no hay producción, crecimiento ni progreso.
Pero el mar tiene muchos otros valores. Produce alimento. Sostiene comunidades. Conserva biodiversidad. Guarda memoria. Permite navegar, recolectar, pescar y transmitir conocimientos entre generaciones. Y precisamente porque el planeta ya está colapsado con un modelo basado en crecer, extraer y producir indefinidamente, resulta extraño que la respuesta política siga siendo exigir todavía más inversión y explotación como medida principal para la ciudadanía local y global.
Hay además otra dimensión que resulta especialmente preocupante. Yohana Coñuecar, comisionada de Pueblos Originarios de Chiloé y Palena, advierte que detrás de muchas solicitudes existen años de conversaciones entre comunidades indígenas, pescadores artesanales y organizaciones locales. Es un importante tejido social construido desde los propios territorios en el que los gobiernos locales, la municipalidades, también han participado.
Cuando una CRUBC desconoce esos procesos y rechaza una solicitud, el conflicto no desaparece. Los integrantes de la Comisión regresan a sus oficinas; las comunidades, en cambio, regresan a vivir juntas en el mismo territorio donde queda el conflicto y la presión industrial para ocuparlos.
Coñuecar lo plantea de una manera que debiera interpelar al Estado: ¿quién se hace cargo del tejido social que queda lastimado después de esas decisiones?
Resulta igualmente revelador que SalmonChile haya interpretado inmediatamente los cuatro rechazos como una demostración de que la Ley Lafkenche debe ser modificada. Su gerente general, Tomás Monge, cuestionó los tiempos de tramitación, los criterios utilizados para acreditar usos consuetudinarios y el efecto suspensivo que las solicitudes producen para otras actividades productivas o de inversión.
Aquí aparece una coincidencia política que no necesita teorías conspirativas para resultar preocupante. El gobernador regional sostiene que el rechazo demuestra que la ley necesita cambios. El principal gremio de la industria salmonera sostiene que el rechazo demuestra que la ley necesita cambios.
Y mientras aquello ocurre, quienes solicitaron los espacios ven cuestionada incluso la extensión y legitimidad de su presencia histórica en el mar.
También debemos observar el contexto nacional. Las recientes declaraciones del ministro de Defensa Fernando Barros Tocornal cuestionando el Convenio 169 de la OIT han sido interpretadas por organizaciones mapuche como una señal política contra los instrumentos que reconocen derechos indígenas. Francisco Vera Millaquén de una de las coordinadoras de comunidades mapuche williche ha denunciado que esa posición expresa una orientación más amplia del actual Gobierno y ha llamado a las comunidades costeras a organizarse frente a ella.
Cabe entonces formular una pregunta democrática elemental. ¿Qué tiene que ver la política de Defensa con determinar la legitimidad de los derechos indígenas sobre sus territorios? Y, sobre todo, ¿esas declaraciones constituyen solamente la opinión política de un ministro cuya labor son los temas militares, o expresan una orientación que está permeando las decisiones de organismos públicos?
No tenemos antecedentes que permitan afirmar que desde el Ministerio de Defensa se hayan impartido instrucciones a quienes votaron en la CRUBC. Pero por la gravedad de las declaraciones y por la sucesión de decisiones contrarias a los ECMPO, actores políticos y empresariales se han alineado con la postura de bloquear, debilitar o simplemente eliminar la Ley Lafkenche.
Otro tema son posturas que se oponen a esta Ley de las costas indígenas que presentan las solicitudes de espacios costeros únicamente mediante el número de hectáreas y las comparan con la cantidad de integrantes de una comunidad. Esto construye la imagen de unos pocos indígenas intentando “apropiarse” de enormes extensiones de mar. Pero un ECMPO no transforma el océano en propiedad privada de una comunidad. Y una discusión pública seria y argumentada necesita explicar qué derechos reconoce la ley, cómo funcionan los planes de administración y qué ocurre con los demás usuarios del borde costero. Eso esta explicado en la Ley y lo han señalado las comunidades locales.
¿Para quién debe existir el mar?
Si el “punto de inflexión” anunciado por el gobernador de la Región de Los Lagos, capital de la zona salmonera, significa que desde ahora los territorios indígenas deberán demostrar inversión, empleabilidad y rentabilidad para que el Estado reconozca su derecho a protegerlos, entonces estamos frente a un cambio político que debe preocupar mucho más allá del pueblo mapuche.
Durante demasiado tiempo se creyó que la tierra, los bosques, los ríos y el océano eran recursos infinitos disponibles para quien pudiera convertirlos más rápidamente en crecimiento económico. Sabemos adónde conduce esa idea y es la destrucción del planeta y de la vida comunitaria humana.
Defender los espacios costeros significa discutir colectivamente cómo queremos habitarlo, producir en él y conservarlo. Significa reconocer que pescadores artesanales, comunidades mapuche williche y habitantes costeros pueden construir acuerdos desde los territorios y que esos acuerdos merecen ser fortalecidos, no destruidos desde una votación administrativa como en varias ocasiones lo han realizado las CRUBCs.*****FIN*****