La organización Images for Inclusion expuso ante el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que el Decreto Supremo N.º 66 fue presentado por Chile como un modelo de consulta, pese a que posteriormente un comité de Naciones Unidas concluyó que la norma no se ajusta a los estándares internacionales.
New York, 14 de julio de 2026. (IFI)– En el marco de la 19ª sesión del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (MEDPI), que se desarrolla en Ginebra, la organización Images for Inclusion Inc., con sede en Nueva York y Chile, cuestionó la posición del Estado chileno respecto de la consulta indígena y solicitó una intervención técnica de Naciones Unidas para adecuar la legislación nacional a los estándares internacionales.
La presentación fue realizada por la presidenta de la organización, Lidia Arriagada García, quien sostuvo que existe una contradicción entre la posición defendida por la representación diplomática chilena en foros internacionales y las observaciones formuladas posteriormente por órganos especializados de la ONU sobre la normativa vigente en materia de consulta a los pueblos indígenas.
Contraste entre la posición del Estado y las observaciones de la ONU
Durante su intervención, la organización recordó que en julio de 2025 la representación permanente de Chile ante Naciones Unidas en Ginebra presentó el Decreto Supremo N.º 66 de 2014, que regula el procedimiento de consulta indígena, como un ejemplo del cumplimiento de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Sin embargo, Images for Inclusion señaló que, semanas después, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), publicó sus observaciones finales sobre Chile, concluyendo que el decreto no se ajusta a los estándares internacionales y recomendando revisar la legislación mediante un proceso realizado en consulta con los pueblos indígenas.
La organización destacó especialmente la recomendación del Comité para establecer un mecanismo independiente que garantice el derecho al consentimiento libre, previo e informado respecto de medidas legislativas, administrativas o proyectos que puedan afectar los derechos territoriales de los pueblos indígenas, de conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Cuestionamientos al proceso de consulta indígena
En declaraciones entregadas a DiarioMapuche, Lidia Arriagada afirmó que la «Resolución Exenta N.º 244, mediante la cual el Ejecutivo impulsó el actual proceso de consulta para un nuevo sistema de tierras indígenas, presenta deficiencias que, a juicio de la organización, afectan su legitimidad».
Según la dirigente, Images for Inclusion ya había expresado estos cuestionamientos mediante dos cartas abiertas difundidas durante 2025. Asimismo, sostuvo que la organización no ha recibido respuesta por parte del Relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas respecto de dichas presentaciones.
Entre los argumentos expuestos, la organización sostiene que la resolución no incorpora adecuadamente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y plantea la existencia de un eventual conflicto de interés derivado del paso de una exfuncionaria estatal a funciones de asesoría vinculadas al mandato del Relator Especial.
En ese contexto, Images for Inclusion afirmó que esta situación podría afectar la percepción de imparcialidad de los mecanismos internacionales de supervisión. La organización también relacionó este escenario con las sucesivas suspensiones administrativas del proceso de consulta indígena impulsado por el Gobierno, indicando que, hasta la fecha, se han acumulado trece postergaciones, siendo la más reciente la establecida mediante la Resolución Exenta N.º 206, de junio de 2026.
Solicitudes presentadas ante el MEDPI
Durante la sesión del mecanismo de expertos, la organización solicitó que Naciones Unidas adopte diversas medidas de seguimiento respecto del caso chileno.
Entre ellas, pidió que el MEDPI active las facultades previstas en la Resolución 33/25 para prestar asistencia técnica al Estado chileno en la reforma de la legislación sobre consulta indígena, conforme a las recomendaciones emitidas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Asimismo, solicitó que el Consejo de Derechos Humanos supervise el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el CESCR, incluyendo aquellas referidas a la protección de los lugares sagrados indígenas y al ejercicio de prácticas espirituales y religiosas por parte de personas indígenas privadas de libertad.
Propuesta de «cortafuegos administrativos»
Como parte de sus planteamientos ante Naciones Unidas, Images for Inclusion propuso la creación de mecanismos denominados «cortafuegos administrativos», orientados a impedir que exautoridades o exfuncionarios estatales participen posteriormente en procesos internacionales relacionados con investigaciones o expedientes vinculados a las mismas materias que gestionaron durante el ejercicio de sus cargos.
Según la organización, este tipo de restricciones contribuiría a fortalecer la independencia y la confianza pública en los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos.
La 19ª sesión del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas continuará desarrollándose durante esta semana en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, donde representantes de Estados, pueblos indígenas y organizaciones internacionales continúan presentando observaciones y propuestas sobre la implementación de los estándares internacionales en materia de derechos indígenas.*****FIN*****