Santiago, 13 de diciembre de 2025. (Diariomapuche.cl)– La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) difundió el listado oficial de postulantes válidos para integrar el Consejo Nacional en el periodo 2026–2030. El proceso eleccionario trae preguntas: quienes y como pueden votar, qué hace realmente este órgano, cómo se financia su trabajo y qué resultados concretos ha entregado a los pueblos indígenas en los últimos años.

Según informó la institución estatal, son 62 las personas postulantes que cumplen los requisitos legales para ser consideradas en el proceso de designación de representantes indígenas ante el Consejo Nacional de CONADI para el próximo periodo. Todas ellas fueron validadas conforme al Decreto Supremo N° 263, de 15 de septiembre de 1999, del entonces Ministerio de Planificación y Cooperación, hoy Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

La votación de las y los representantes se realizará el domingo 19 de abril de 2026. Ese día podrán participar todas las personas indígenas que se encuentren inscritas en el Registro Especial Indígena (REI), que es la base de padrón definida para este proceso.

De acuerdo con la información institucional, el REI se conformará con las y los socios de comunidades y asociaciones indígenas establecidas bajo la Ley N° 19.253, así como con todas aquellas personas que, aun sin pertenecer a una organización formal, cuenten con su certificado de calidad indígena emitido hasta el 31 de diciembre de 2025. En estos casos, la inscripción en el registro será automática, sin trámites adicionales.

Un Consejo clave en la definición de políticas indígenas

El Consejo Nacional de CONADI es el órgano colegiado encargado de revisar lineamientos, aprobar programas y entregar su opinión sobre políticas públicas orientadas a los pueblos indígenas en Chile. Sus integrantes tienen acceso privilegiado a información estratégica, participan en decisiones sobre uso de recursos públicos y son un puente institucional entre el Estado y las comunidades.

Sin embargo, en paralelo al anuncio del nuevo proceso, existen interrogantes sobre la efectividad real del Consejo en materia de tierras, protección de territorios ancestrales, desarrollo productivo con pertinencia cultural y defensa de los derechos colectivos. También han surgido dudas sobre el nivel de transparencia respecto de los recursos asignados a la labor de consejeros y consejeras, la rendición de cuentas hacia las comunidades y la frecuencia con que informan sus decisiones.

Participación indígena y necesidad de rendición de cuentas

El hecho de que la participación en la elección esté ligada al Registro Especial Indígena abre a su vez un debate sobre cuántas personas conocen realmente este mecanismo, si se ha informado de manera adecuada su funcionamiento y cómo se garantizará que comunidades urbanas y rurales puedan ejercer su derecho a voto en igualdad de condiciones.

La sola existencia de representantes indígenas en un Consejo nacional no resuelve, por sí misma, las brechas históricas de participación. Para muchas comunidades, el desafío no es solo elegir nombres, sino saber qué harán, con qué recursos y a quién le rinden cuentas una vez que asuman sus cargos.

Preguntas clave para quienes aspiran a ser consejeros y consejeras de CONADI

En este escenario, y de cara al proceso de manifestación de preferencias del 19 de abril de 2026, DiarioMapuche plantea tres preguntas que las comunidades, asociaciones y votantes indígenas podrían exigir a quienes postulan al Consejo Nacional de CONADI:

1. Rol y resultados: ¿Qué cambios concretos se comprometen a impulsar desde el Consejo Nacional de CONADI en materias como territorio, tierras, educación, cultura, medio ambiente y desarrollo económico indígena durante el periodo 2026–2030, y cómo se medirán esos resultados?

2. Financiamiento y transparencia: ¿Cuál es el financiamiento asociado al trabajo de los consejeros y consejeras (dietas, viáticos, equipos de apoyo, asesorías) y qué mecanismos de transparencia y rendición de cuentas se comprometen a aplicar para informar periódicamente a las comunidades sobre el uso de esos recursos?

3. Participación y vínculo con las comunidades: ¿Cómo garantizarán una comunicación directa, sistemática y verificable con las comunidades y organizaciones indígenas de base, más allá de las instancias formales de CONADI, e incluyendo territorios rurales, urbanos, diásporas y juventudes?

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