El gobierno de Kast, gremios salmoneros y sectores parlamentarios intentan modificar, limitar o revisar el alcance de la Ley Lafkenche. Para organizaciones y comunidades costeras esta normativa constituye —junto con la Ley Indígena— uno de los principales instrumentos de reconocimiento de derechos de uso tradicional de la tierra y del borde costero. Frente a este escenario, distintas organizaciones y comunidades han comenzado a movilizarse y posicionarse públicamente en defensa de la normativa.
Valdivia, 12 de junio de 2026. (Diariomapuche.cl)– Sergio Quinán, coordinador de comunidades que defienden su espacio marino costero de Wadalafken, en la costa de Valdivia, se refiere a los anuncios del gobierno de José Antonio Kast sobre cambios a la Ley Lafkenche (Ley 20.249). El dirigente Mapuche Williche cuestiona los argumentos que han buscado asociar los Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios (ECMPO) con restricciones al desarrollo del litoral.
Respecto del derecho consuetudinario, Quinán plantea que el concepto reúne formas históricas de habitar el borde costero, incluyendo prácticas de alimentación, conocimientos transmitidos entre generaciones, formas de economía local y dimensiones culturales y espirituales que permanecen vigentes.
En ese contexto, sostiene que la Ley Lafkenche no entrega propiedad sobre el borde costero ni elimina derechos previamente reconocidos a otros actores. Según señala, la normativa mantiene derechos existentes y establece mecanismos para reconocer usos tradicionales.
Frente al escenario de discusión sobre posibles modificaciones legales, Sergio Quinan contestó dos preguntas a Diariomapuche, donde llama a las comunidades costeras a fortalecer el trabajo territorial, ampliar la conversación pública y participar activamente en la defensa y difusión de los derechos al mar.
—¿Qué valor tiene la Ley Lafkenche para la permanencia del derecho consuetudinario de las comunidades costeras?
La Ley Lafkenche viene a reconocer un derecho histórico y ancestral de los pueblos originarios en el borde costero que, desde nuestra perspectiva, ha permanecido invisibilizado y no reconocido por los Estados nacionales modernos.
Este reconocimiento fue resultado de una lucha social y también de procesos de diálogo y búsqueda de acuerdos que permitieron la creación de esta normativa.
Para nosotros, esta ley representa un avance importante en materia de reconocimiento de derechos. Es una discusión que también ha existido en espacios internacionales respecto de los derechos de los pueblos indígenas, donde instrumentos como el Convenio 169 han significado avances, pero donde a nivel nacional esta ley constituye, desde nuestra mirada, un reconocimiento concreto.
Muchas veces existen normativas que reconocen ciertos derechos indígenas, pero sin avanzar realmente en la posibilidad de administrar o incidir sobre las políticas que afectan un territorio determinado. Creemos que esta ley avanza en esa dirección.
También es relevante el reconocimiento del derecho consuetudinario, un concepto que hoy está siendo cuestionado y que, desde nuestra experiencia, muchas veces se interpreta de manera restringida.
Generalmente se asocia solo al derecho pesquero o al derecho de extracción desde una mirada productiva. Pero para nosotros el derecho consuetudinario es más amplio que eso.
Tiene relación con formas de vida vinculadas al borde costero y también con dimensiones culturales y espirituales que consideramos centrales dentro de estos derechos reconocidos por la ley.
No se trata únicamente del acceso a recursos pesqueros. De hecho, desde nuestra interpretación, la ley no reconoce derechos sobre recursos pesqueros en términos económicos amplios. Lo que reconoce es el derecho a la alimentación y al consumo comunitario.
Por eso entendemos que el alcance de esta ley va más allá de una discusión exclusivamente productiva.
—¿Cómo deben actuar las comunidades costeras frente a los anuncios del gobierno para cambiar la Ley Lafkenche?
Desde nuestra perspectiva, frente a estos intentos de modificación que observamos desde el Estado —y que consideramos impulsados principalmente por la industria salmonera— el principal desafío para las comunidades es fortalecer el trabajo local y la información pública.
Nos parece que muchos de los argumentos que se han instalado sobre la Ley Lafkenche se sostienen en afirmaciones que no cuentan con antecedentes suficientes y que se han repetido en el debate público.
Nuestra percepción es que existe una campaña de desprestigio que busca instalar la idea de que esta ley genera conflictos o restringe el desarrollo.
Nosotros creemos que ese tipo de discursos deben ser revisados y contrastados con información.
Como comunidades, pensamos que la respuesta debe ser fortalecer espacios de conversación local, aclarar contenidos de la ley y responder comunicacionalmente frente a afirmaciones que consideramos erróneas.
Entre esas afirmaciones, mencionamos ideas como que los ECMPO significarían apropiación del mar o que serían responsables de pérdidas de empleo. Desde nuestra interpretación, la Ley Lafkenche no entrega propiedad sobre el borde costero y mantiene el reconocimiento de otros derechos existentes.
También creemos que es necesario abrir la discusión sobre otros procesos que están transformando el empleo y el uso del territorio, incluyendo cambios tecnológicos y transformaciones productivas.
Del mismo modo, sostenemos que existen diferencias entre el carácter de los espacios costeros indígenas y otros regímenes de uso o concesión existentes en el borde costero. Desde nuestra visión, los espacios costeros no buscan fines de enriquecimiento económico, sino resguardar condiciones que permitan mantener ciertos equilibrios ecológicos y culturales.
Entendemos los derechos consuetudinarios como derechos que permanecen vinculados a la existencia de biodiversidad y a la continuidad de formas de vida asociadas al territorio.
Por eso creemos que las comunidades deben continuar generando alianzas, ampliar el diálogo con otros sectores y participar activamente en el debate público sobre el futuro del borde costero y de las normas que regulan su protección.
Finalmente, consideramos que toda discusión sobre cambios normativos debe desarrollarse con información disponible, debate abierto y comprensión de los distintos modelos de relación con la naturaleza presentes en el territorio.*****FIN*****