La werken Gloria Millaray Cayupi, del linaje ancestral Cayupi, territorio de Quepe, comuna de Freire, cuestiona la gestión de CONADI y denuncia un recorte del 23,5% en los recursos destinados a tierras indígenas, además de obstáculos administrativos en los procesos de restitución territorial. La dirigenta también informa que la Corte de Apelaciones de Temuco declaró admisible un recurso de protección relacionado con la actuación de CONADI.
Columna de opinión
Por Gloria Millaray Cayupi
Werken del linaje ancestral Cayupi
Territorio de Quepe, comuna de Freire
5 de noviembre de 2026
Desde la autonomía y el liderazgo territorial mapuche, la Werken Gloria Millaray Cayupi emprende una arremetida frontal contra la gestión de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y su director nacional, Ignacio Malig. La autoridad tradicional denuncia que la institución, bajo el pretexto de aplicar la Ley N° 19.253, trabaja como un operador político que estrangula la restitución territorial mediante trabas burocráticas y glosas diseñadas para consumar el despojo. Esta crisis política e institucional estalla en plena tramitación del Presupuesto, donde se pretende consumar una caída superior al 23% en el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas.
«Es urgente sacar a la luz la verdadera destinación de los fondos de tierras, desviados sistemáticamente hacia convenios institucionales para complacer al poder central. Desenmascaramos la sucia estrategia de la dirección de la CONADI, que utiliza a la prensa empresrial para engañar a las comunidades, exhibiendo como ‘avances’ la compra exclusiva de sitios de significación cultural. A esta manipulación mediática se suma la bajeza de exigir a las comunidades y vendedores el reingreso de carpetas y nuevas visitas prediales bajo la excusa cínica de estar ‘retenidos en Contraloría’, sosteniendo una falsa ilusión de compra mientras por las espaldas consolidan el robo presupuestario.»
A este asalto financiero se añade una exigencia colonial y arbitraria de colindancia para frenar los procesos de restitución. Un claro ejemplo del bloqueo burocrático lo sufre la Comunidad Indígena Aukafe Lisahue, de Nueva Imperial, cuyo histórico procedimiento iniciado en 2015 —con acuerdos y tasaciones concluidas— fue entrampado mañosamente mediante un requisito inexistente en el Artículo 20 letra b) de la Ley Indígena. Exigir colindancias con predios forestales destruye la vía legal y concertada, reavivando tensiones artificiales en un territorio que ya había superado los conflictos del pasado.
Ante este atropello, la Corte de Apelaciones de Temuco declaró admisible el Recurso de Protección (Rol N° 4604-2026), obligando al organismo a rendir cuentas ante los tribunales. En este escenario, se exige al Delegado Presidencial Regional, Francisco Ljubetic, asumir su deber de supervigilancia frente a una dirección desatada que solo busca sembrar el enfrentamiento.
Asimismo, la denuncia abarca el desorden administrativo en terrenos ya adjudicados, como ocurre en la Comunidad Indígena Calbul Llanquihuen de Gorbea. Allí, 320 hectáreas productivas permanecen en manos de personas ajenas al tronco familiar original —en donde funcionarios del Ministerio de Transportes, Gendarmería, el Hospital de Pitrufquén y empresarios de transportes, mediante forma de toma ilegal cercaron 30 hectáreas cada uno—. Mientras la inacción de CONADI ampara esta ocupación excusándose en la falta de personal, los verdaderos beneficiarios señalados en la resolución de adjudicación terminan procesados y detenidos por la policía, dejando el territorio sin interlocución institucional y avalando el secuestro de la personalidad jurídica.
«Por otra parte, exigimos la ejecución inmediata del convenio de interoperabilidad entre la CONADI y el Registro Civil para cortar de raíz el fraude en las acreditaciones por matrimonio (Art. 2° letra c). Es un insulto que el director Ignacio Malig eluda esta herramienta de control y agache la cabeza ante el recorte presupuestario. Mientras miles de solicitudes legítimas de familias mapuche duermen por años debido a la escasez de recursos y personal, esta negligencia protege un padrón no auditado que permite a personas no indígenas y ex cónyuges oportunistas robarse los beneficios que por derecho histórico pertenecen a nuestra gente.»
La Werken Cayupi denuncia con absoluta firmeza que la institucionalidad indígena ha sido secuestrada por Ignacio Malig, quien actúa con total impunidad amparado en el régimen de turno. A esto se suma la más absoluta opacidad: la dirección nacional opera con completa discrecionalidad, destrabando gestiones únicamente en reuniones selectivas con parlamentarios de la región —encuentros oscuros que ni siquiera figuran en los registros de la Ley de Lobby—, escupiendo en la cara de la transparencia pública.
«Denunciamos que la dirección de la CONADI marginó con alevosía al Consejo Indígena en la formulación del presupuesto, violando el artículo 68 de la Ley N° 19.253 y pisoteando los deberes de probidad y legalidad que mandata la Ley N° 18.575 a su director, Ignacio Malig. Esta exclusión criminal vicia de nulidad la propuesta presentada al Congreso y busca encubrir un recorte real del 23,5% bajo la excusa mentirosa de combatir sobreprecios. Como Werken mapuche y amparada en el Convenio 169 de la OIT, hago recaer en este funcionario toda la responsabilidad política y administrativa de este despojo, y emplazo sin rodeos al Ejecutivo y al Parlamento a frenar y rechazar de raíz este atentado institucional.»
Nota editorial: Esta columna de opinión es de responsabilidad de su autora y no refleja necesariamente la línea editorial de DiarioMapuche.