Cerca de 400 firmas advierten un retroceso ambiental tras la salida de 43 decretos, en una decisión que se conecta con el retiro masivo de regulaciones desde Contraloría y que profundiza el debilitamiento de la protección sobre territorios y ecosistemas.
Santiago, 18 de marzo de 2026. (DiarioMapuche.cl) — El retiro de 43 decretos ambientales por parte del gobierno de José Antonio Kast generó un amplio rechazo en organizaciones sociales, científicas y de derechos humanos, que alertan sobre un retroceso en políticas clave para la salud, la biodiversidad y la acción climática.
La declaración, respaldada por cerca de 400 firmas —247 organizaciones y 149 personas—, se suma a un escenario ya advertido: la decisión del Ejecutivo de retirar del trámite de toma de razón en la Contraloría General de la República un conjunto amplio de normas ambientales, debilitando el marco regulatorio que protege territorios y ecosistemas.
Los decretos retirados habían sido ingresados entre 2023 y 2026, tras procesos técnicos y participativos de años. Entre ellos se incluyen normas de calidad ambiental —como material particulado fino y plomo—, normas de emisión para industrias, planes de descontaminación, instrumentos de adaptación al cambio climático y reglamentos asociados al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).
También se ven afectadas medidas concretas sobre especies y conservación: la declaración del pingüino de Humboldt como monumento natural, el plan de recuperación de la ranita de Darwin y la creación de nuevas áreas protegidas en distintas regiones del país.
En los territorios, estos instrumentos no son abstractos. Se traducen en aire respirable, protección de aguas, resguardo de especies y límites a actividades extractivas. Su retiro no solo posterga regulaciones: redefine el equilibrio entre inversión y protección ambiental.
Las organizaciones advierten que la decisión retrasa medidas urgentes frente a la crisis climática y de contaminación, y desconoce procesos técnicos y participativos desarrollados durante años. “En lugar de acelerar herramientas largamente trabajadas y acordadas, se opta por retroceder y postergarlas”, señala la declaración.
El cuestionamiento también apunta a la falta de transparencia. Las organizaciones exigen al Gobierno explicar las razones del retiro, abrir el diálogo con la sociedad civil y garantizar participación pública en cualquier modificación futura.
El respaldo a la declaración incluye organizaciones como Oceana Chile, ONG FIMA, Greenpeace Chile, Fundación Terram, Observatorio Ciudadano, la Sociedad Chilena de Medicina del Trabajo y Amnistía Internacional, configurando un rechazo transversal que cruza ámbitos ambientales, científicos y de derechos humanos.
Este nuevo pronunciamiento se inscribe en un contexto mayor: una reconfiguración del rol del Estado en materia ambiental, donde la aceleración de inversiones —anunciada como prioridad del gobierno— comienza a tensionar directamente los instrumentos de regulación y protección.*****FIN*****
Lea la declaración de las ONGs contra el retiro de normas ambientales