El proceso de elección del Consejo de la CONADI para el periodo 2026–2030 reabre interrogantes sobre los vínculos de las candidaturas con partidos políticos, su posición frente a la consulta impulsada en 2025 por la Comisión de Paz y Entendimiento y el rol que asumirán ante el debilitamiento de la Ley Indígena y la Ley Lafkenche en un escenario de avance de megainversiones sobre territorios y espacios costeros.
Temuco, 04 de febrero de 2026. (DiarioMapuche.cl)– La publicación de la nómina de postulantes al Consejo de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) para el periodo 2026–2030 vuelve a situar en el centro una disputa política de fondo sobre representación indígena, autonomía y capacidad real de incidencia dentro de la institucionalidad del Estado. El proceso reactiva interrogantes persistentes sobre el sentido del Consejo y su distancia —o cercanía— con los territorios y comunidades que afirma representar.
Uno de los ejes críticos del debate es el cruce entre representación indígena y partidos políticos. En distintos periodos, varios consejeros han sido identificados con colectividades partidarias, coaliciones de gobierno o redes institucionales, lo que ha tensionado la noción de autonomía política del Consejo y ha generado cuestionamientos sobre si este órgano opera como un espacio de defensa de derechos colectivos o como un engranaje más del sistema político estatal.
Aquí puedes leer la lista de los postulantes al Consejo de la Conadi
Las preguntas se extienden a los resultados concretos del Consejo en materias estratégicas: restitución territorial, priorización de compras de tierras y capacidad de incidir en decisiones estructurales, incluidas aquellas vinculadas a megainversiones nacionales e internacionales en territorios mapuche.
Mapuche en las ciudades
Los datos del Censo 2024 confirman que una proporción significativa del pueblo mapuche reside en las ciudades, particularmente en la Región Metropolitana y otras ciudades del centro-sur del país. Esta realidad tensiona los marcos tradicionales de representación, históricamente asociados a territorios rurales, y obliga a revisar si el Consejo de Conadi incorpora de manera efectiva las experiencias y demandas de quienes viven fuera de los lof y comunidades de origen.
La creciente presencia mapuche en las ciudades abre interrogantes adicionales: ¿cómo se articulan las demandas urbanas con las territoriales?, ¿qué lugar ocupan en la agenda del Consejo?, ¿y de qué manera los futuros consejeros dialogarán con una población mapuche diversa, atravesada por condiciones sociales, laborales y habitacionales propias del espacio urbano?
Consulta 2025 y Comisión de Paz y Entendimiento
Otro punto crítico del debate es el rol asumido por el Consejo frente a la Comisión de Paz y Entendimiento y al proceso de consulta impulsado en 2025, particularmente respecto de propuestas vinculadas a un nuevo sistema de reparto de tierras. Para sectores críticos, la posición de los consejeros —marcada en algunos casos por alineamientos con el gobierno o por el silencio— evidenció nuevamente los límites del Consejo como espacio de representación política autónoma.
Ley Indígena, Ley Lafkenche e inversiones
El nuevo ciclo del Consejo se proyecta en un contexto de presiones legislativas y administrativas orientadas al debilitamiento de derechos colectivos, mediante intentos de modificación o bloqueo de la Ley Indígena y la Ley Lafkenche, junto con la facilitación de trámites ambientales para grandes inversiones. En la práctica, este cuadro instala una pregunta de fondo: qué rol desempeñarán los futuros consejeros frente a proyectos de alto impacto y frente a la disputa por tierra, mar y borde costero.
En este escenario, la disputa por integrar el Consejo de Conadi reactiva un debate estructural sobre representación, vínculos partidarios y legitimidad política. El ciclo 2026–2030 pondrá a prueba si esta instancia puede superar un rol predominantemente administrativo y responder a una realidad mapuche diversa —territorial y urbana— en un contexto de demandas históricas aún abiertas y de expansión de intereses económicos sobre los territorios.*****FIN*****