La ONU criticó a Chile por no garantizar la restitución de tierras al pueblo mapuche, las brechas en acceso al agua potable y la militarización en La Araucanía, advirtiendo que persisten deudas históricas con las comunidades indígenas.
Ginebra, 16 de septiembre 2025.(Diariomapuche.cl)-– El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) de Naciones Unidas concluyó este septiembre en GInebra, la revisión del quinto informe de Chile sobre estos temas y a pesar que valoró algunos avances en políticas sociales, las preguntas más duras se concentraron en el derecho del pueblo Mapuche a la tierra y al acceso al agua potable.
El experto de la ONU Michael Windfuhr reconoció que el Comité “reconoció la recuperación del mercado laboral tras el Covid y la disminución en el número de jóvenes que no están empleados” y valoró que en 2023 el gobierno chileno redujera la jornada laboral de 45 a 40 horas, impulsando el equilibrio trabajo-vida familiar.
Sin embargo, los observadores subrayaron que tales avances no resuelven la deuda estructural con los pueblos originarios, en especial con el Pueblo Mapuche.
Restitución territorial
La relatora Karla Lemuz De Vásquez advirtió que el Comité seguía preocupado por la “protección limitada del derecho de los pueblos indígenas a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, así como de sus tierras ancestrales”.
La experta preguntó directamente a la delegación chilena “¿Qué medidas se están implementando para resolver y garantizar el derecho de propiedad sobre las tierras y territorios de los pueblos indígenas, haciendo posible satisfacer efectivamente las demandas de restitución territorial, especialmente del pueblo Mapuche…?”
La delegación chilena admitió que, pese a la Ley Indígena de 1993, “un número significativo de comunidades indígenas cree que son elegibles para reparaciones pero no las han recibido, ascendiendo a unas 42.000 familias”.
Agua: entre la privatización y la escasez rural
La experta Charafat El Yedri Afailal, también de la ONU, cuestionó las brechas en servicios básicos y preguntó a los representantes de Chile “¿qué pasos está dando el país para reconocer el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho fundamental consagrado en la legislación nacional? ¿Qué medidas ha tomado el Estado para reconocer el agua como un bien público no comercial?”
“Ante las deficiencias en el acceso al agua potable, la higiene y los servicios de saneamiento adecuados, particularmente en zonas desfavorecidas y asentamientos informales» La experta Charafat El Yedri Afailal, también de la ONU, preguntó ¿qué pasos está dando Chile para reconocer el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho fundamental consagrado en la legislación nacional?
Además consultó acerca de las «medidas ha tomado el Estado para reconocer el agua como un bien público no comercial”.
En su intervención ante el Comité, la delegación chilena reconoció que la propia Corte Suprema de Chile ya había establecido este principio en un fallo: “la Corte Suprema reconoció el derecho al agua como parte del derecho a vivir en un ambiente limpio, y que todas las personas deben tener igual acceso al agua potable, tal como lo expresó en una sentencia de 2021”.
Con ello, el Estado buscó mostrar avances normativos, aunque persisten amplias brechas entre lo resuelto en los tribunales y la realidad cotidiana que enfrentan comunidades mapuche y rurales en el acceso al agua.
Militarización de Wallmapu bajo escrutinio
Sobre la presencia militar en los territorios Mapuche, la relatora del Comité para Chile, Karla Lemuz De Vásquez, advirtió directamente sobre la militarización del sur del país: “desde mayo de 2022, se ha declarado un estado de emergencia en la región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío, el cual se ha prorrogado constantemente”.
En ese contexto, preguntó al Estado chileno qué mecanismos existen para garantizar que estas medidas “no restrinjan indebidamente el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales”.
Compromisos en el papel, desigualdades en la práctica
La ministra Javiera Toro, que encabezó la delegación, reconoció ante los expertos que, pese a ciertos avances, “persisten profundas desigualdades, brechas en el acceso a servicios y amenazas de retrocesos en derechos humanos”.
El Comité respondió recordando que Chile debe ir más allá de leyes y promesas: se necesitan instituciones sólidas, reparación efectiva y respeto a los tratados internacionales ratificados por el país.
En la sesión realizada en Ginebra, la delegación chilena estuvo encabezada por Javiera Toro Cáceres, ministra de Desarrollo Social y Familia, quien presentó el informe ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. La acompañaron Juan Antonio Coloma, senador de la República de Chile; Leopoldo Llanos Sagristà, ministro de la Corte Suprema; además de autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Salud, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Desarrollo Social y Familia y representantes de la Misión Permanente de Chile ante la ONU en Ginebra. ****¨FIN*****
El articulo de la ONU completo en versión Ingles está en este link:
https://www.ohchr.org/en/meeting-summaries/2025/09/experts-committee-economic-social-and-cultural-rights-welcome-chiles
