La acción judicial busca detener la tramitación de un proyecto de Ley sobre comercialización de semillas que, según las comunidades, amenaza el trafkintu, la agricultura familiar campesina y la conservación de variedades de semillas ancestrales y tradicionales.
Santiago, 22 de octubre de 2026 (DiarioMapuche.cl).– La defensa de las semillas tradicionales y de las prácticas de intercambio del pueblo Mapuche se encuentra ahora ante la justicia. Comunidades mapuche, huerteras, agricultores y organizaciones campesinas del sur de Chile esperan que la Corte de Apelaciones de Santiago se pronuncie sobre el recurso de protección presentado contra el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), en medio de una controversia sobre los alcances de una futura regulación del comercio de semillas.
La acción judicial, ingresada el 16 de octubre bajo el rol 22200-2026, fue interpuesta por la abogada Tatiana Fernández Gallardo en representación de comunidades y personas de la provincia de Arauco y de otros territorios, entre ellos Antuco, Angol, Purén y Nueva Imperial.
El recurso solicita que la Corte ordene al SAG detener la tramitación del proyecto de resolución que establece nuevos requisitos para la comercialización de semillas corrientes. Asimismo, pide una orden de no innovar para impedir su aprobación mientras se resuelve el fondo de la controversia.
La presentación tiene carácter preventivo, puesto que la normativa cuestionada todavía se encuentra en elaboración y no ha adquirido fuerza obligatoria. Los recurrentes sostienen que su eventual aprobación podría vulnerar derechos constitucionales y compromisos internacionales del Estado chileno relativos a las prácticas culturales, los medios de subsistencia y la protección de la biodiversidad.
Las comunidades esperan una respuesta judicial
La presentación del recurso representa una nueva etapa de un proceso de organización territorial desarrollado durante los últimos meses. En ese período, habitantes del territorio mapuche realizaron Nutram, travkintu y reuniones comunitarias para analizar los alcances de la propuesta del SAG y sus posibles consecuencias sobre la circulación de semillas tradicionales.
En un comunicado público, las organizaciones explican que decidieron acudir a la justicia para resguardar prácticas agrícolas y culturales que forman parte de la vida cotidiana de las comunidades.
La controversia se concentra especialmente en la distinción que establece el SAG entre actividades comerciales e intercambios sin fines de lucro. Para las comunidades, conservar semillas, reproducirlas, compartirlas mediante el trafkintu y vender pequeñas cantidades de excedentes son actividades relacionadas entre sí y necesarias para sostener la agricultura familiar campesina.
El recurso advierte que las exigencias de inscripción, caracterización varietal, almacenamiento y trazabilidad podrían transformarse en barreras económicas y administrativas para pequeños productores que conservan semillas mediante conocimientos transmitidos entre generaciones.
Contradicciones reconocidas por el SAG
El proyecto fue sometido a consulta pública entre el 8 de junio y el 10 de agosto de 2026. El informe de resultados, publicado por el SAG el 22 de septiembre, registró 66.450 participantes de las 16 regiones del país y 173.351 menciones temáticas.
En ese documento, el organismo reconoció problemas de redacción y la necesidad de evaluar modificaciones para otorgar mayor certeza jurídica y establecer exigencias proporcionales a las capacidades de los pequeños agricultores.
Entre las medidas anunciadas se encuentran la exclusión explícita de intercambios y donaciones sin fines comerciales, la revisión del registro obligatorio de comerciantes y la eventual eliminación de una definición de comercio que podría generar interpretaciones contradictorias.
El SAG también reconoció que el establecimiento de un régimen jurídico diferenciado para semillas ancestrales y tradicionales requiere una regulación de mayor rango.
Sin embargo, las comunidades consideran que estos anuncios no garantizan una protección efectiva mientras el proyecto continúe su tramitación.
“La mera declaración de las intenciones del servicio de reparar el contenido de la resolución no es garantía de que efectivamente lo ejecuten”, advierten en su comunicado.
Derechos indígenas y soberanía alimentaria
Otro de los fundamentos del recurso es la negativa del SAG a realizar una consulta indígena. El organismo sostiene que la propuesta corresponde a una regulación técnica y comercial de carácter general y que no existiría afectación directa a los pueblos originarios.
Los recurrentes cuestionan esa interpretación e invocan el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, junto con disposiciones constitucionales y tratados internacionales relativos a los derechos culturales, la biodiversidad y los medios de subsistencia.
La presentación sostiene que las semillas tradicionales no pueden comprenderse exclusivamente como mercancías, pues también representan conocimientos agrícolas, memoria colectiva, prácticas espirituales y formas de relación con la tierra.
En este sentido, el conflicto supera las condiciones del comercio formal y plantea interrogantes sobre el reconocimiento de los sistemas agrícolas indígenas y campesinos en la legislación chilena.
“Reiteramos nuestro llamado a fortalecer la agricultura familiar campesina, a seguir sembrando y retomar las prácticas que nos heredaron nuestros antepasados para que las semillas, fuentes de vida, sigan circulando libremente por nuestros territorios”, concluye el comunicado de las comunidades mapuche.*****FIN*****