- Reformas del gobierno de Javier Milei reconfiguran el escenario político y económico en Argentina, mientras organizaciones indígenas y sociales advierten retrocesos en derechos territoriales, educación y protección ambiental, en un contexto de avance de la ultraderecha a nivel continental.
- Este es un resumen de la presentación de Patricia Hernández de CTERA en el VI Encuentro Continental de Educadores Indígenas, realizado en febrero de 2026 en Wallmapu
Por: Patricia Hernández
Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA)
23 de marzo de 2026
La situación actual en Argentina se configura como un punto de inflexión crítico para los pueblos indígenas y el mundo del trabajo. En un contexto de reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei, se advierte un retroceso en derechos laborales, previsionales y, de manera particularmente significativa, en los derechos colectivos y territoriales de los pueblos originarios.
Este escenario se inscribe en una reactivación de procesos históricos de despojo territorial vinculados al agronegocio, la megaminería, la explotación laboral y la especulación inmobiliaria. Dinámicas que, lejos de ser nuevas, adquieren renovada intensidad bajo gobiernos de orientación neoliberal y de derecha en la región. Frente a ello, las organizaciones indígenas y populares han construido, durante cuatro décadas de democracia, avances institucionales relevantes: la ratificación del Convenio 169 de la OIT, el reconocimiento constitucional de 1994 y leyes que protegían la agricultura familiar y los territorios comunitarios.
Retrocesos institucionales y territoriales
Sin embargo, estos avances hoy enfrentan un proceso de desmantelamiento. El cierre de dependencias del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la eliminación de registros oficiales de comunidades y la derogación de la Ley 26.160 —que suspendía desalojos y permitió relevar millones de hectáreas— exponen a las comunidades a una mayor vulnerabilidad territorial y cultural. La implementación de estas medidas ha ido acompañada de desalojos violentos en territorios ancestrales.
Reformas económicas y presión sobre territorios
En paralelo, las reformas propuestas a la Ley de Manejo del Fuego buscan eliminar restricciones que impedían el cambio de uso de suelo en áreas incendiadas. La posible derogación del artículo 22 bis abre la puerta a la expansión de actividades productivas sobre territorios afectados por incendios, debilitando la protección de bosques nativos y humedales y favoreciendo procesos de deforestación y especulación, particularmente en regiones como la Patagonia.
Las políticas extractivas, reforzadas por instrumentos como el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), son cuestionadas por organizaciones indígenas y sociales, que advierten sobre sus impactos en el agua, la tierra y la soberanía alimentaria. En este marco, se exige el respeto al consentimiento libre, previo e informado y se rechaza la extranjerización de los territorios.
Educación, pobreza y reorganización de las resistencias
En el ámbito educativo, también se observan retrocesos. Políticas impulsadas en décadas anteriores —como la Educación Intercultural Bilingüe, consolidada en la Ley de Educación Nacional de 2006— habían permitido la creación de programas formativos, materiales en lenguas originarias y espacios educativos en comunidades indígenas. Hoy, el ajuste a la educación pública pone en suspenso estos avances y amenaza la continuidad de estas experiencias.
A esto se suma el deterioro de las condiciones de vida. La crisis económica impacta con mayor fuerza en las infancias y en las mujeres indígenas, profundizando procesos de pobreza y desigualdad. En paralelo, se debilitan iniciativas de justicia histórica, como los juicios por genocidio contra pueblos originarios, y se dificulta la denuncia de violaciones de derechos en un contexto de creciente criminalización.
A pesar de este escenario, los pueblos indígenas continúan articulando estrategias de resistencia y construcción colectiva. Espacios como los Encuentros Plurinacionales de Mujeres y Diversidades han permitido visibilizar estas problemáticas y fortalecer redes a nivel nacional y continental. Asimismo, medios comunitarios y redes sociales emergen como plataformas clave frente al silencio o la desinformación de los medios hegemónicos.
Las demandas actuales incluyen la restitución de restos ancestrales, el avance en juicios por crímenes históricos y la defensa integral de los territorios. Desde una perspectiva que concibe la tierra como espacio sagrado y base de la vida colectiva, las comunidades sostienen que la disputa no es solo jurídica o económica, sino también cultural y civilizatoria.
En este contexto, las organizaciones de trabajadores de la educación, junto a los pueblos indígenas, reafirman su compromiso con la construcción de un horizonte basado en la justicia social, la autodeterminación y la paz. La disputa por una sociedad plural, plurinacional e inclusiva sigue abierta, en un escenario donde las resistencias históricas continúan proyectándose hacia el futuro.-