Por supuesto que los acuerdos vinculan a las partes que actúan de buena fe, pero se olvida el Sr. Salas que, en aquellas partes de la medida donde no haya acuerdo, jamás puede entenderse que el Estado tiene carta blanca para imponer decisiones que vulneren derechos colectivos de los pueblos indígenas, ya que, cualquiera sea el resultado de un proceso de consulta, los derechos establecidos en la legislación siguen plenamente vigentes, por lo que deben ser respetados y cautelados.
Por : Rayen Alarcón Lipin
Mujer Mapuche, egresada de Derecho PUC
17 de septiembre de 2025
La persistencia contumaz del Ejecutivo para avanzar en un proceso de consulta sin haber preparado las condiciones adecuadas para establecer un diálogo de buena fe resulta, a esta altura, verdaderamente incomprensible.
El Mostrador publicó una nota titulada: “Diálogo y más militares en el sur: Gobierno apuesta por desactivar conflicto por consulta indígena”. Considerando el rumbo que ha tomado el proceso de consulta indígena para la creación de un “nuevo sistema de tierras” propiciado por el actual Gobierno, vale la pena hacer algunos alcances.
La persistencia contumaz del Ejecutivo para avanzar en un proceso de consulta sin haber preparado las condiciones adecuadas para establecer un diálogo de buena fe resulta, a esta altura, verdaderamente incomprensible.
A menos que se entienda que un proceso de consulta indígena es un mero trámite, un actor administrativo que debe cumplir con ciertas formalidades para tener legitimidad, si eso es así, el Gobierno está profundamente equivocado y revela, además, una enorme incompetencias de quienes están a cargo del proceso, particularmente del Sr. Fabián Salas, actual encargado del seguimiento de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, cuyas intervenciones públicas no hacen más que confundir y desinformar.
Según se reporta en el artículo, la confianza del Gobierno para continuar con el proceso se sustentaría “en un balance parcial positivo de la primera fase de planificación y en su disposición a reunirse con las comunidades” y a pesar del “incremento de las operaciones de control territorial en pleno Estado de Excepción”.
Sobre el balance positivo de la primera etapa, nuevamente existe una lectura parcial y que desconoce la naturaleza esencial de un proceso de consulta, que es la creación de condiciones propicias para un verdadero diálogo intercultural con la finalidad de alcanzar un consenso sobre la medida consultada, lo que no ha ocurrido en este proceso, porque no se trata de cualquier diálogo, en cualquier circunstancia o bajo condiciones impuestas, el propio Estado ha reglado dicho procedimiento y debería, al menos, respetar las características y el objetivo de la etapa de planificación.
En relación con el incremento de las operaciones militares para el control territorial, los responsables de la medida deberían dar explicaciones sobre la incapacidad de entender que la presencia militar en la zona solo contribuye a tensionar la relación entre las comunidades y las autoridades, cuestión que se debió advertir en un relacionamiento previo al proceso y en los territorios; una medida como esta es otra torpeza más que, seguro, tendrá consecuencias.
También se recogen declaraciones del Sr. Fabián Salas, quien “reconoció errores en la implementación de la primera etapa, pero aseguró que no se suspenderá el proceso”, agregando además “que se busca generar las condiciones adecuadas para continuar con la consulta y afirmó que el Gobierno ha recibido y seguirá recibiendo a las comunidades, incluso en Santiago, si fuera necesario”. Estas desafortunadas afirmaciones no hacen más que reafirmar la desprolijidad de quienes están cargo del proceso y que, a final de cuentas, no les genera ningún costo político.
¿Qué significa o deberíamos entender con que el “Gobierno ha recibido y seguirá recibiendo a las comunidades, incluso en Santiago”? O sea, la consulta indígena reducida a audiencias públicas y en cualquier parte, otro desaguisado del único vocero del Gobierno, porque a la ministra Javiera Toro Cáceres, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, ha guardado un conveniente silencio, aun cuando el órgano responsable de la consulta es la cartera que ella encabeza y la UCAI tampoco se ha pronunciado.
Por último, que los resultados de la consulta, según la normativa, no son vinculantes por sí mismos, ya que “lo que sí es vinculante son los acuerdos… en la etapa de diálogo”, dijo Fabián Salas en una reciente entrevista con El Líbero.
Por supuesto que los acuerdos vinculan a las partes que actúan de buena fe, pero se olvida el Sr. Salas que, en aquellas partes de la medida donde no haya acuerdo, jamás puede entenderse que el Estado tiene carta blanca para imponer decisiones que vulneren derechos colectivos de los pueblos indígenas, ya que, cualquiera sea el resultado de un proceso de consulta, los derechos establecidos en la legislación siguen plenamente vigentes, por lo que deben ser respetados y cautelados.
