- A una década de las movilizaciones que paralizaron Chiloé, la crisis de la marea roja y el vertimiento de salmones muertos marcaron un punto de quiebre en la relación entre comunidades costeras, Estado e industria.
- El conflicto expuso no solo los impactos del modelo salmonero, sino también tensiones, fracturas internas y los límites del tejido político y social para sostener y proyectar una revuelta de alcance territorial.
Por: Patricio Igor Melillanca
03 de mayo de 2026
El lunes 2 de mayo de 2016, diversos sectores de la pesca artesanal, recolectores de orilla, mariscadores, comunidades indígenas y organizaciones sociales de Chiloé decidieron tomarse las carreteras, bloquear el tránsito marítimo entre el continente y la isla y paralizar las actividades productivas. Días después, profesores, empleados fiscales, pequeños y medianos empresarios, representantes de la Iglesia Católica, estudiantes, organizaciones culturales y amplios sectores de la ciudadanía organizada se sumaron a la protesta.
Al día siguiente, el martes 3 de mayo, el diario de la cadena mercurial La Estrella de Chiloé titulaba en portada: “Bloqueo en Ancud, Queilén y Quellón: pescadores cortan carretera y exigen solución por crisis”. El matutino informaba que más de 2.000 manifestantes habían salido a las calles en demanda de recursos para enfrentar los efectos de la marea roja, mientras el gobierno gestionaba ayudas por 5 mil millones de pesos. La imagen principal mostraba una barricada de neumáticos ardiendo en una carretera del archipiélago.
Según ese relato, la crisis tenía un origen claro: la marea roja, una floración masiva de algas que se había extendido por las costas del archipiélago.
Este fenómeno —cada vez más recurrente en las aguas interiores de Chiloé, Aysén y Magallanes— llevaba meses afectando la zona. Desde diciembre de 2015, la autoridad sanitaria había prohibido la extracción de mariscos bivalvos en el mar interior de Chiloé, inicialmente en el sector sur. Sin embargo, durante marzo y abril de 2016, la marea roja avanzó hacia el seno de Reloncaví, el golfo de Ancud y Calbuco. De forma inédita, alcanzó también la costa pacífica del norte de Chiloé y, por primera vez, llegó hasta playas al sur de Valdivia.
En Cucao, en pleno litoral pacífico del archipiélago, aparecieron cientos de machas muertas. El fenómeno se repitió en distintos puntos, donde también se registraron aves costeras y lobos marinos sin vida.
¿La marea roja y la industria del salmón?
Pero la marea roja no solo afectó a los mariscos. Las microalgas son absorbidas por las branquias de los peces, reduciendo el oxígeno disponible en el agua y provocando su muerte por asfixia. Eso fue lo que ocurrió en los centros de cultivo de salmón, donde especies exóticas crecen en condiciones de alta densidad.
Frente a esta mortalidad masiva, las empresas salmoneras, según información oficial, trasladaron parte de los peces muertos a plantas de harina de pescado y a vertederos industriales. Sin embargo, un volumen significativo fue arrojado al mar frente a la costa norte de Chiloé. Testimonios de trabajadores indican que algunos vertimientos se realizaron incluso cerca de playas y en el mar interior del archipiélago.
Tras conocerse estos hechos, en Chiloé se consolidó la convicción de que la industria salmonera era responsable tanto de la expansión de la marea roja como de la contaminación del litoral pacífico. La protesta se intensificó y se extendió a la mayoría de las localidades del archipiélago.
Las movilizaciones también se replicaron fuera de la isla. En Santiago, Valparaíso, Concepción, Temuco y otras ciudades del sur se realizaron manifestaciones masivas contra la industria salmonera. “Chiloé unido por la defensa de su mar y su gente”, “Defendamos el mar del saqueo empresarial”, “Chiloé está podrido por los salmones vertidos” y “No es marea roja, es saqueo empresarial” fueron algunas de las consignas visibles en las calles.
Durante esos días, parlamentarios, gobernadores e intendentes quedaron al margen de cualquier intento de diálogo. Las organizaciones movilizadas no los reconocieron como interlocutores válidos.
Desde Santiago ordenaron la solución
Desde Santiago, el gobierno observaba una crisis que no lograba contener. Incapaz de restablecer el orden o instalar mesas de conversación, optó por enviar fuerzas policiales que arribaron por vía aérea al aeropuerto de Castro, donde fueron recibidas con rechazo y exigencias de retirada.
En paralelo, dirigentes de la pesca artesanal, que habían encabezado las primeras movilizaciones, comenzaron a percibir que otros actores sociales ganaban protagonismo. En ese contexto, el gobierno activó una estrategia de negociación focalizada. A través de operadores políticos, ofreció bonos económicos a pescadores inscritos, lo que contribuyó a descomprimir parcialmente el conflicto en ese sector.
El malestar, sin embargo, ya se había extendido hacia ciudades y pueblos. Allí, la intervención de dirigentes vinculados a partidos políticos, sumada a la entrega de bonos y al retiro progresivo de los pescadores de las protestas, permitió que —dos días antes de la cuenta pública del 21 de mayo de la presidenta Michelle Bachelet— se despejaran carreteras, calles y rutas marítimas.
Durante 18 días, Chiloé operó sin un control estatal efectivo. En ese periodo, surgieron formas de autogestión social: se estableció la autoprohibición de venta y consumo de alcohol, se organizaron comedores comunitarios y se desplegaron redes de abastecimiento solidario.
Desde el continente, caravanas con alimentos llegaron en apoyo a la población chilota. Al mismo tiempo, se multiplicaron reuniones, debates y espacios de análisis sobre las causas de la crisis, la contaminación del mar y la ocupación de territorios y espacios costeros por empresas nacionales y extranjeras.
En el centro de esas discusiones emergió una crítica transversal a la industria salmonera: sus impactos ambientales y sanitarios, sus condiciones laborales, sus bajos salarios y su débil vínculo con las comunidades locales.
¿En qué terminó el Mayo Chiloté?
El denominado “Mayo Chilote” no tuvo un cierre abrupto, sino un proceso de descompresión construido a través de negociaciones simultáneas y fragmentadas. La salida al conflicto se articuló mediante acuerdos entre distintas dirigencias —en particular del mundo de la pesca artesanal—, la clase política local y un despliegue intensivo del gobierno de Michelle Bachelet, que movilizó a parlamentarios, funcionarios públicos y operadores políticos para restablecer el control institucional y destrabar la crisis.
En ese contexto, el Ejecutivo comprometió medidas orientadas a reforzar la fiscalización de la industria salmonera y anunció investigaciones destinadas a esclarecer si el vertimiento de salmones muertos había influido en el origen o la expansión de la marea roja. Sin embargo, los resultados oficiales de estos estudios descartaron responsabilidad directa de la industria en el fenómeno, cerrando esa línea de cuestionamiento en términos institucionales, aunque no en la percepción de amplios sectores sociales del archipiélago.
El proceso dejó, además, fracturas visibles. La movilización, que en sus primeros días había logrado articular a diversos sectores bajo una demanda común, comenzó a evidenciar tensiones internas y desconfianzas entre actores sociales. Las negociaciones diferenciadas, los acuerdos parciales y la intervención de intermediarios políticos contribuyeron a profundizar esas grietas, debilitando la cohesión inicial del movimiento.
También quedó expuesta una distancia estructural entre la clase política local —sujeta a decisiones y orientaciones definidas desde el nivel central— y las organizaciones territoriales, incluidas comunidades indígenas, comités ambientales y agrupaciones ciudadanas. Esa brecha se expresó tanto en la conducción del conflicto como en la forma en que se definieron sus salidas.
A una década de los hechos, el Mayo Chilote aparece no solo como una de las mayores movilizaciones sociales del sur de Chile en las últimas décadas, sino también como un episodio que evidenció los límites del entramado político-social existente. La revuelta mostró la capacidad de articulación y presión territorial, pero también la ausencia de estructuras organizativas capaces de sostener, orientar y proyectar en el tiempo un conflicto de esa magnitud.*****FIN*****