- La Corte Suprema ordenó repetir la votación y evaluar los derechos indígenas con estándares culturales y jurídicos adecuados, pero la CRUBC llega a esta sesión sin cumplir plenamente el mandato, reabriendo dudas sobre transparencia y autonomía frente a la industria salmonera.
-
En Aysén, comunidades mapuche y costeras documentan hace años los impactos acumulados de la salmonicultura: contaminación de fondos marinos, pérdida de especies, uso intensivo de antibióticos y daño a espacios de vida y ceremonia. “Cada centro salmonero equivale a una ciudad descargando residuos al mar”, resume pra diariomapuche.cl el werken Nelson Millatureo
Aysén, 09 de diciembre de 2025. (Diariomapuche.cl)– Aysén enfrenta hoy una de sus decisione.s más relevantes en materia territorial: la Comisión Regional de Uso del Borde Costero votará el futuro de los Espacios Costeros Marinos del Pueblo Mapuche, en un escenario marcado por la presión de la industria salmonera y por un fallo reciente de la Corte Suprema que —pese a su claridad jurídica— aún no es plenamente asumido por el Gobierno Regional.
En los archipiélagos de la Patagonia las comunidades indígenas Pu Wapi y Antünen Rain esperan una resolución que han perseguido durante más de una década. Durante diez años, sus solicitudes de Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios (ECMPO) han sido rechazadas, dilatadas o tratadas como un obstáculo para el modelo económico dominante.
La Corte Suprema, en un fallo categórico emitido en noviembre, declaró que esas decisiones fueron arbitrarias, discriminatorias y contrarias a la Ley Lafkenche y al Convenio 169 de la OIT. Ordenó repetir el proceso, esta vez sin racismo, con información completa y escuchando a todas las partes. Pero el mandato judicial chocó rápidamente con la realidad política de Aysén.
Lea también: Corte Suprema reconoce la importancia cultural y espiritual del territorio y el estándar de CONADI y del Convenio 169 para evaluar los ECMPO
Un Gobierno Regional que escucha más a la industria que a la justicia
En lugar de iniciar un proceso de diálogo, el Gobierno Regional convocó a una nueva votación sin consultar a las comunidades y sin corregir las exclusiones previas. Además, representantes indígenas que históricamente ocupaban dos puestos en la CRUBC fueron removidos tras una modificación normativa reciente, dejando a los pueblos originarios sin voz formal en la instancia que decidirá sobre su propio maritorio.
En palabras de dirigentes locales, “la Corte Suprema ya habló, pero aquí todavía se gobierna mirando hacia la industria, no hacia la ley”.
La industria salmonera —dueña de más de mil concesiones solo en esta región— observa la votación con atención, pues un ECMPO alteraría un mapa de uso del mar que ha considerado durante décadas como propio, aunque legalmente nunca lo fue. Su influencia política en la región es conocida: empleos, presión económica, vínculos con autoridades y un relato que presenta toda regulación ambiental o territorial como un freno al desarrollo.
La larga sombra de la salmonicultura
Aysén es un territorio biodiverso y culturalmente vivo. Pero también es uno de los lugares donde la industria salmonera ha operado con menos contrapesos y mayor impacto acumulado.
Las comunidades denuncian contaminación de fondos marinos, proliferación de enfermedades, uso intensivo de antibióticos, pérdida de especies nativas, disminución del oxígeno en el agua y daño a espacios de recolección, navegación y ceremonias. “Cada centro salmonero equivale a una ciudad descargando residuos al mar”, resume Nelson Millatureo, werken del territorio
Pero el conflicto no es solo ecológico: es político.
Los ECMPO ofrecen una vía legal para que las comunidades, junto a los pescadores artesanales y los emprendimientos de las economías locales, administren el maritorio según sus prácticas ancestrales y criterios de sostenibilidad.
La Corte Suprema fijó el estándar. La pregunta es si Aysén lo cumplirá.
En su fallo, el máximo tribunal no solo anuló la votación anterior: recordó al Estado que los pueblos originarios no son actores secundarios en la gestión del territorio. Ordenó un proceso “fundado, no discriminatorio y respetuoso de la dimensión cultural y espiritual del maritorio”, alineado con la normativa internacional de derechos indígenas.
El mensaje fue claro: Chile no puede administrar el borde costero como un espacio vacío disponible para concesiones; debe reconocer que allí existen derechos colectivos vigentes.
Sin embargo, en Aysén persiste la sensación de que la institucionalidad regional intenta avanzar como si nada hubiera cambiado.
Lo que está en juego hoy
La votación de este martes no determinará solo dos expedientes. Definirá si la relación entre el Estado y los pueblos originarios incorpora —por fin— los estándares jurídicos y éticos que Chile ha comprometido ante el mundo.
Si la CRUBC aprueba los ECMPO con fundamentos, Aysén podría convertirse en un modelo de gobernanza territorial plural, donde la conservación y la cultura indígena ocupen un lugar central. Si los rechaza sin razones sólidas, se abrirá un nuevo conflicto institucional, reavivará la desconfianza hacia el Estado y fortalecerá la percepción de que la salmonicultura sigue gobernando donde deberían gobernar la ley y la justicia.*****FIN****
