Images for Inclusion Inc entregó en mano su Carta Abierta Nº 2 al Presidente Gabriel Boric, acusando al Gobierno de ilegalidad manifiesta, vicio de objeto, arbitrariedad administrativa y falta de probidad en el proceso de Consulta Previa sobre un nuevo sistema de tierras mapuche. La organización advierte que el Estado “socava su propia legitimidad” frente a estándares internacionales de derechos indígenas.
Santiago, 04 de diciembre de 2025.
Articulo en base a información de IFI
La presidenta de Images for Inclusion Inc (IFI), Lidia Arriagada García, llegó nuevamente al Palacio de La Moneda para entregar en mano la Carta Abierta Nº 2 dirigida al Presidente Gabriel Boric. La ONG —con estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC)— denunció que la Consulta Previa sobre un nuevo sistema de tierras mapuche se encuentra viciada de origen, es jurídicamente inválida y ha sido manipulada administrativamente para evitar su revocación formal.
El documento exige la revocación inmediata de la Resolución Exenta Nº 244, emitida el 27 de junio de 2025 por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que dio inicio al proceso consultivo. IFI sostiene que el Gobierno ha intentado corregir las irregularidades solo mediante suspensiones parciales, sin enfrentar los vicios estructurales que vuelven el proceso incompatible con el Convenio 169 de la OIT, la UNDRIP, y las obligaciones del Estado en materia de consulta indígena.
Accede aquí a la Carta oficial entregada por IFI al Gobierno de Chile
Cuatro ejes de ilegalidad: IFI acusa arbitrariedad, mala fe y vulneración administrativa
Según el documento entregado en La Moneda (pág. 1–2 del PDF), la organización identifica cuatro irregularidades mayores:
1. Ilegalidad manifiesta por extender indebidamente la suspensión
El Gobierno triplicó el plazo máximo permitido para suspender una consulta (15 días hábiles), alcanzando 45 días hábiles mediante tres resoluciones consecutivas (Res. Ex. 412, 462 y 525). Para IFI, esta actuación configura un intento de evadir la obligación de revocar el acto administrativo.
2. Vicio de objeto y mala fe en la planificación
IFI denuncia que la consulta fue iniciada sin soporte logístico, pese a que un día antes de instruirla el Estado terminó anticipadamente el contrato con la consultora encargada del despliegue logístico, DITECSUR Ltda., cuyo contrato ascendía a cerca de mil millones de pesos.
El contraste, señala la ONG, es aún mayor cuando se observa que la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento (CPPyE) recibió un incremento presupuestario superior a $401 millones ese mismo mes. Para IFI, esta asimetría evidencia un uso discrecional del gasto público y una “simulación administrativa” contraria al principio de probidad.
3. Actuación arbitraria del Estado
El Ministerio previamente había revocado otro proceso similar por inviabilidad (Res. Ex. 71/2025). Sin embargo, para el caso del Sistema de Tierras Mapuche solo aplicó suspensiones, aun cuando los vicios eran más graves. IFI afirma que la inconsistencia de criterios revela discriminación institucional y arbitrariedad.
4. Falta de transparencia y ocultamiento de información
IFI exige la publicación de actas, oficios técnicos y documentos que den cuenta de las causas reales de la suspensión. Señala que la negativa del Estado a transparentar la información vulnera el principio de buena fe del Convenio 169, afecta la confianza pública y profundiza el conflicto territorial.
Escalada internacional: denuncias en la ONU y cuestionamiento global al proceso chileno
El documento destaca que IFI ha llevado el caso a foros internacionales, incluyendo el Foro Permanente de Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas (UNPFII) y el Consejo de Derechos Humanos.
En Nueva York, la organización denunció que Chile intentó incorporar en el borrador del informe del foro una recomendación para “implementar el acuerdo” de la CPPyE sin exigir consentimiento libre, previo e informado (FPIC). Tras la intervención de IFI, dicha recomendación fue eliminada y reemplazada por el estándar de la Recomendación General Nº 39 de CEDAW.
En Ginebra, el Relator Especial de la ONU, Dr. Albert K. Barume, afirmó que la tierra “NO es una mercancía”, enfatizando que el FPIC existe para devolver control territorial a los pueblos indígenas y para que los Estados reconozcan su error histórico, incluyendo las violaciones asociadas al Tratado de Tapihue y la militarización posterior.
Petitorio final: revocación, auditoría y reconocimiento del error histórico
IFI solicita:
- Revocar de inmediato la Resolución Exenta Nº 244/2025.
- Ordenar una investigación sumaria y auditoría externa por la fallida licitación de DITECSUR.
- Transparentar los oficios SSS Nº 1712/2025, 2989/2025 y 3176/2025.
- Implementar obligatoriamente la GR 39 de CEDAW.
- Incorporar la reconstrucción del error histórico (Tratado de Tapihue / usurpación territorial) como condición para cualquier nuevo proceso.
La organización concluye que continuar defendiendo públicamente la consulta, aun después de su suspensión, “es querer engañar a la comunidad nacional e internacional descaradamente”.
