- Inversionistas mineros y salmoneros iniciaron otra ofensiva política y comunicacional para debilitar la Ley Lafkenche y frenar la creación de Áreas de Conservación de Pueblos Indígenas (ACPI), establecidas por la Ley 21.600.
- El objetivo es mantener el control sobre territorios estratégicos del sur de Chile.
- La radio mapuche williche Mulutu publicó en su sitio web una interesante reflexión que realiza un análisis de las estrategias que los grandes de la minería y el sector acuícola-pesquero están implementando a todo nivel.
El nuevo frente extractivista del poder económico
Durante los últimos meses, la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) y SalmonChile, gremios con gran influencia en el país, han articulado una alianza que busca frenar el avance de las políticas de protección ambiental y de reconocimiento territorial indígena.
Ambas organizaciones empresariales han coincidido en sus discursos y estrategias públicas, afirmando que las nuevas regulaciones del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) “ponen en riesgo el desarrollo nacional” y podrían convertirse en una “amenaza a la industria”.
La convergencia entre el sector minero —clave en la exportación de cobre y tierras raras— y el salmonero —segundo rubro exportador de Chile— marca un nuevo capítulo en la expansión del modelo extractivo que busca condicionar la legislación ambiental y territorial a sus intereses, bajo la narrativa de la “certeza jurídica” y la “protección del empleo”.
El articulo sobre este tema esta integramente publicado en radio Mülutu. acceda en este link
La Ley SBAP y las Áreas de Conservación Indígenas en disputa
Promulgada en 2023, la Ley 21.600 —conocida como Ley SBAP o Ley de la Naturaleza— estableció un nuevo marco institucional para la conservación ambiental.
Uno de sus aspectos más innovadores fue la creación de las Áreas de Conservación de Pueblos Indígenas (ACPI), que reconocen el derecho de las comunidades a proteger y administrar sus territorios con base en su propio conocimiento consuetudinario.
El artículo 62 de la ley establece que estas áreas pueden ubicarse en tierras indígenas o espacios costeros marinos, permitiendo la gestión comunitaria de hábitats, especies y valores culturales.
Además, las ACPI son compatibles con las ECMPO (Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios), creando un vínculo entre mar y tierra que otorga a las comunidades un rol activo en la conservación y en el ordenamiento territorial.
“Por primera vez, el Estado reconoce que los pueblos originarios pueden administrar y conservar su entorno con su propio kimün (conocimiento). Pero el gran capital lo entiende como una amenaza a sus concesiones”, señaló un dirigente de la Red por la Defensa del Río Ligkusra, en la Futawillimapu, provincia de Osorno.
Consultas manipuladas y reglamentos comunitarios
En agosto de 2024, el Ministerio de Medio Ambiente inició el proceso de Consulta Indígena para definir el reglamento de aplicación de las ACPI.
El proceso partió con un año de retraso y con un borrador predefinido por el Estado, que buscaba instaurar “Parques Nacionales Indígenas” dependientes del poder central, lo que fue rechazado por las comunidades.
Frente a esto, la Red por la Defensa del Río Ligkusra/Liucura y otras comunidades künko-lafkenche decidieron redactar su propio reglamento autónomo, fundamentado en el Convenio 169 de la OIT, que garantiza el derecho de los pueblos a administrar sus territorios según sus instituciones y prácticas tradicionales.
Durante seis meses, las comunidades trabajaron sin apoyo financiero estatal para construir una propuesta basada en autonomía política y resguardo ambiental real. «El borrador será presentado en noviembre de 2025 y busca transformarse en una referencia para otras naciones originarias del sur», señala radio Mulutu.org.
“Participar no significa subordinarse. La consulta puede ser también un espacio de resistencia”, explicaron representantes del proceso durante el Nütramkawün por la Defensa del Territorio en Pu’lamemo.
Mineras y salmoneras en ofensiva coordinada
En este contexto, el presidente de SONAMI, Jorge Riesco, declaró ante la Comisión de Energía y Minería del Congreso que “la Ley SBAP castiga el extractivismo” y que “ya está zanjado el debate sobre tener o no minería en Chile”.
El gremio asegura que existen más de 8.900 concesiones mineras afectadas, incluidas 4.200 en la macrozona norte, y advierte que las nuevas normativas podrían implicar “restricciones significativas en las operaciones”.
En tanto, el presidente de SalmonChile, Arturo Clément, calificó la aplicación de la ley como “pésima política pública” y alertó que podría convertirse en “otra Ley Lafkenche”, en referencia a la norma que permitió a comunidades mapuche-lafkenche gestionar espacios costeros y frenar la expansión de centros industriales de monocultivo salmonero.
“El sector salmonero busca una modernización de la Ley Lafkenche. En realidad, quiere vaciarla de contenido y eliminar cualquier obstáculo a su expansión”, denunció un dirigente del litoral de San Juan de la Costa.
El epicentro del conflicto en la Futawillimapu
En la Región de Los Lagos, la Cordillera de la Costa se ha convertido en el foco del conflicto territorial. La Ley SBAP reconoció solo una fracción de esta zona como Sitio Prioritario, pese a que allí se concentra la mayor cantidad de concesiones mineras activas.
En otras regiones la situación es similar, respecto a que los sitios prioritarios se reducen para no afectar las futuras grandes inversiones de las industrias extractivistas.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (2015), gran parte de esas concesiones, que han registrado inversionistas que usan muchas veces «Palos blancos», fueron solicitadas sobre territorios mapuche-künko.
Medios como Ladera Sur y Defendamos Patagonia denunciaron que el Ministerio del Medio Ambiente redujo de más de 300 a solo 99 los Sitios Prioritarios reconocidos oficialmente, debilitando el resguardo de ecosistemas estratégicos.
Restauración neoliberal frente a la propuesta comunitaria
El avance conjunto de la minería del cobre y la salmonicultura se inscribe en un contexto de restauración neoliberal, donde la retórica ambiental convive con la profundización del modelo extractivista. Todo esto frente a los ojos de los institucionales escritorios de la burocracia estatal, del gobierno de turno y de la clase política. Mientras tanto, en las decisiones de las mesas de inversionistas a nivel internacional, se promueven políticas locales para la “transición verde” chilena y mapuche, para reforzar el control empresarial sobre los territorios.
A pesar de esto, las comunidades mapuche-lafkenche de la Fütawillimapu, entre otras agrupaciones en diferentes territorios, han comenzado a responder desde la organización y la propuesta.
La elaboración de reglamentos propios, la articulación entre mar y tierra y la defensa del conocimiento ancestral como base de gestión ambiental son formas de autodeterminación frente a la imposición del discurso ecológico empresarial.
¿Futuro del territorio?
El nuevo pacto entre las industrias del cobre y el salmón muestra que el extractivismo usando a la clase política y sectores del estado chileno se reinventa. Bajo el lenguaje de la competitividad y el desarrollo, se consolida una alianza de poder que amenaza no solo la biodiversidad, sino también las economías locales chilenas, de las pymes y de diversos emprendimientos, pero por sobre todo de la autonomía de los pueblos por decidir su propio modelo económico y de mantención de la vida.
¿Podrá la sociedad chilena sostener una transición ecológica sin desmontar la lógica del saqueo? ¿O seguiremos aceptando que el crecimiento económico justifique la devastación del territorio, de sus emprendimientos familiares, de las pymes y de de sus pueblos?.*****FIN*****
