¡Basta de desinformación! Images for Inclusion Inc denuncia la Ilegitimidad y Mala Fe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento reflejada en los dichos de uno de sus miembros, Exponiendo la Negligencia de los Medios de Comunicación Nacionales. Imagen de la Entrevista del 26 de agosto de 2025 en el noticiero «La Mañana Informativa» del Canal 24 de TVN.

Por: Images for Inclusion
Nueva York, EE.UU. / Santiago, Chile – 26 de agosto de 2025

Images for Inclusion Inc condena enérgicamente las declaraciones del Sr. Sebastián Naveillán, miembro de la Comisión para la Paz y el Entendimiento y presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco. Sus palabras, transmitidas por TVN y disponibles en https://www.24horas.cl/programas/manana-informativa/sebastian-naveillan-debemos-poner-punto-final-a-la-ley-indigena-solo, son un peligroso intento de desinformar a la opinión pública, vulnerando los derechos de los Pueblos Indígenas y demostrando la total falta de legitimidad y mala fe de la Comisión.

Una Comisión Ilegítima: La Prueba en Sus Propias Palabras

El Sr. Naveillán, de manera insólita, validó nuestras denuncias al admitir que en el proceso de la Comisión «no hubo una conversación, no hubo una apertura hacia todas las personas». A pesar de que la Comisión recibió un voto en contra por parte de los agricultores, esta admisión revela que la consulta es un ejercicio simbólico y excluyente, diseñado para justificar una agenda preestablecida. Esto constituye una violación flagrante del Artículo 6 del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP), que exigen que la consulta se realice de buena fe y con el consentimiento libre, previo e informado (FPIC) de los Pueblos Indígenas, en particular a través de sus instituciones representativas. La UNDRIP, en su Artículo 19, es clara: los Estados deben “celebrar consultas y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado”. Esta confesión de Naveillán, de que no hubo una apertura, es la prueba de que se violó este principio fundamental.

La Criminalización de la Ley Indígena y la Negación de la Pluralidad Cultural

El Sr. Naveillán, también presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, atacó frontalmente la Ley Indígena, la única ley en Chile que protege los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas. Citando textualmente: «insisto, terminar con una mala ley que solo ha traído pobreza». Esta afirmación no solo es irrisoria, sino profundamente peligrosa. La Ley N° 19.253, si bien es perfectible, es la única barrera legal que protege a los 11 Pueblos Indígenas del país: Aymara, Atacameños, Quechua, Changos, Colla, Rapa Nui, Selknam, Yagan, Diaguita y Kawesqar. La afirmación del Sr. Naveillán ignora y ataca directamente el Artículo 1 de la Ley N° 19.253, que reconoce que para los indígenas “la tierra [es] el fundamento principal de su existencia y cultura”.

La intención de su propuesta de «borrón y cuenta nueva» es, en sus propias palabras, que la consulta debe hacerse a «todos los ciudadanos», lo que tiene una intención perversa: diluir los derechos específicos de los Pueblos Indígenas. Esta propuesta busca borrar sus identidades colectivas y su existencia como Pueblos Indígenas con sus propias culturas, lenguajes, sistemas jurídicos y cosmovisión. El argumento falaz de que «somos todos chilenos» ignora que ser chileno no anula la pertenencia a un Pueblo Indígena con sus respectivas características y derechos ancestrales. La pobreza en La Araucanía no es producto de una «mala ley», sino el resultado histórico de la asimilación forzada, el racismo, la discriminación sistemática y la falta de respeto a su modo de concebir la tierra, no como una mercancía, sino como un ser vivo al que se debe proteger y cuidar.

La Falacia de la ‘Tierra Hipotecada’: Un Pretexto para el Despojo

El Sr. Naveillán utiliza el término «hipotecado» para referirse a la idea de que el potencial económico del sur de Chile está siendo restringido. Desde su perspectiva, el territorio está inmovilizado y no puede generar la riqueza y el desarrollo que él considera necesarios. Para él, el «conflicto» no es una deuda histórica de tierras, sino un problema financiero: la tierra no está siendo explotada de una manera que beneficie a «todos los chilenos».

Sin embargo, lo que él percibe como una «hipoteca» es, en realidad, el ejercicio del derecho del Pueblo Mapuche a la libre determinación sobre sus tierras, territorio y recursos, así como sobre su cosmovisión y espiritualidad. La visión del Sr. Naveillán choca directamente con la concepción Mapuche de la Mapu (tierra) como un ser vivo y sagrado, no como una simple mercancía o un activo económico. La defensa territorial no es un capricho, sino la defensa de la base de su existencia cultural y espiritual.

La propuesta de «borrón y cuenta nueva» y la criminalización de la defensa territorial, al asociarla con «terrorismo y delincuencia», son tácticas que buscan imponer una agenda de desarrollo ajena a la voluntad de los Pueblos Indígenas. Esto constituye una violación directa de su derecho a decidir su propio destino, consagrado en el Artículo 3 de la UNDRIP, el cual reconoce que los pueblos indígenas tienen «el derecho a determinar libremente su condición política y de perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural».

La Avaricia del Despojo: La Restitución no es un Regalo

En su momento más indignante, el Sr. Naveillán usó un lenguaje que calumnia al Pueblo Mapuche, aludiendo a la ambición y la avaricia. Su declaración: «si a ustedes no le entregan 10 hectáreas de regalo no estaria en la fila», es la prueba más clara de su visión negacionista. Las tierras no son un «regalo» ni una «dádiva», sino una restitución del territorio ancestral usurpado por el Estado chileno durante la «Pacificación de la Araucanía». Este proceso violó el Tratado de Tapihue de 1825 y estableció una deuda histórica que la Comisión pretende ignorar.

El derecho a la restitución es inalienable y se fundamenta en la violación de acuerdos históricos y en el derecho internacional. El Artículo 28 de la UNDRIP es contundente al establecer que «Los Pueblos Indígenas tienen derecho a la reparación… por las tierras, los territorios y los recursos… que hayan sido confiscados, tomados, ocupados… sin su consentimiento libre, previo e informado». El Estado no puede simplemente «cerrar la puerta» a las 1.200 comunidades que esperan su restitución, porque en sí, tiene la obligación de devolver los 10 millones de hectáreas de territorio Mapuche usurpado.

La Autoidentificación y el Reconocimiento de la Culpa del Estado

Al decir «hay que ver quien es indigena» y proponer un test de ADN, el Sr. Naveillán ignora y viola el derecho fundamental a la autoidentificación. El Artículo 33 de la UNDRIP es claro: «Los Pueblos Indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones». Muchos Mapuche no se autoidentifican debido a que la asimilación forzada, el racismo sistémico y la discriminación entre otras, mediática, que ha devastado sus formas de vida, y el Estado no tiene el derecho de decidir quién es miembro de un Pueblo Indígena.

Curiosamente, el Sr. Naveillán admitió: «Nosotros llegamos como colonos, nuestras familias, porque el Estado nos trajo». Esta confesión, a pesar de su visión negacionista, es una admisión clara de que el Estado es el responsable de la usurpación de los territorios y del conflicto actual.

Llamado a la Acción para la Verdadera Paz

Las declaraciones del Sr. Naveillán y la plataforma que le brindó TVN para difundirlas demuestran una peligrosa irresponsabilidad mediática. Dicha desinformación perjudica la imagen del Pueblo Mapuche y obstaculiza cualquier posibilidad de reconciliación.

Exigimos al Estado chileno la revocación inmediata de la Resolución Exenta N° 244. La verdadera paz y el entendimiento no se construyen con una Comisión viciada de origen que niega la historia, criminaliza a los Pueblos Indígenas y les niega sus derechos. El camino es uno solo: justicia y restitución.