El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), solicitó la intervención urgente de las autoridades del Estado de Chile para tratar la vulneración de los derechos de la Machi Millaray Huichalaf y su compañero Jaime Uribe Montiel, quienes junto a las comunidades Mapuche Williche, defienden los ecosistemas del río Pilmaiquen ante la imposición de una hidroeléctrica de capitales noruegos.
Descripción de la situación:El Observatorio ha recibido información sobre las detenciones arbitrarias de dos miembros del Aylla Rewe del Ngen Mapu Kintuantü, organización política y espiritual mapuche-williche ubicada en la región del río Pilmaiquén, al sur de Chile.
Se trata del Sr. Jaime Javier Uribe Montiel, defensor de derechos humanos, compañero y miembro del círculo de apoyo de la Machi Millaray Huichalaf, autoridad espiritual mapuche y reconocida defensora del río Pilmaiquén, detenido el 12 de mayo de 2025; y del Sr. Felipe Trunci González, también defensor del territorio, detenido el 25 de abril de 2025.
Ambos hechos se inscriben en un patrón sistemático de criminalización contra personas defensoras mapuche-williche que protegen su territorio frente al proyecto hidroeléctrico Los Lagos, de la empresa noruega Statkraft.
El lunes 12 de mayo de 2025, alrededor de las 16:30 horas, en la carretera hacia Temuco, el Sr. Uribe Montiel fue detenido sin orden judicial en un control policial y acusado de “violación de morada”, mientras acompañaba a la Machi Millaray en una gira de sanación. Durante el operativo, funcionarios de Carabineros de Chile lo retuvieron y lo trasladaron por la fuerza a la ciudad de Lautaro, dejando en la carretera a la Machi y a sus hijos menores de edad, tras incautarles las llaves del vehículo.Al día siguiente, fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Lautaro, donde se le formalizó por “maltrato de obra a carabinero en servicio” y posteriormente fue liberado.
El 17 de junio, en audiencia ante el Juzgado de Garantía de Río Bueno, se le informó de otra judicialización su contra por el presunto delito de “violación de morada” ocurrido en diciembre de 2023 durante una ceremonia religiosa.
La fiscalía no ha presentado evidencia concluyente ni ha considerado el carácter cultural y ceremonial del acto. Cabe señalar que esta acusación data de 2023, y su repentina reactivación genera serias dudas, especialmente por coincidir con la reanudación de un proceso de consulta sobre hallazgos arqueológicos y con el avance de una queja contra la empresa Statkraft ante el Punto Nacional de Contacto noruego, por infracciones a las Líneas Directrices de la OCDE para una conducta empresarial responsable.
De forma injustificada, y con la clara intención de debilitar su situación jurídica, se han activado dos causas menores que, en caso de una eventual condena, podrían agravar su situación penal en procesos futuros, limitando el acceso a medidas cautelares menos restrictivas.Siendo Jaime Uribe Montiel una persona con activa participación en la defensa del territorio frente a megaproyectos extractivos, estos procesos judiciales parecen orientados a entorpecer su labor, utilizando como amenaza el encarcelamiento y afectando directamente a su familia, incluidos sus hijos menores de edad.
El 25 de abril de 2025, otro defensor de derechos humanos y miembro del Aylla Rewe, el Sr. Felipe Trunci González, fue detenido arbitrariamente por la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile mientras se encontraba trabajando, también sin orden judicial.
Fue trasladado a dependencias policiales en Osorno, Región de Los Lagos, donde permaneció incomunicado durante varias horas, con la intención de forzarlo a la toma de muestras biológicas (ADN). A la fecha de publicación de esta alerta urgente, no se ha formalizado ninguna acusación en su contra y su causa permanece como reservada, lo que evidencia un uso desproporcionado y arbitrario del poder judicial y policial.
Estas detenciones se inscriben en un contexto de criminalización sistemática contra personas defensoras del territorio mapuche-williche en la zona de Pilmaiquén, en particular contra miembros del Aylla Rewe del Ngen Mapu Kintuantü, quienes defienden su territorio de proyectos hidroeléctricos impulsados por la empresa noruega Statkraft.
Estas acciones ocurren en un escenario de conflicto socioambiental prolongado por más de una década, desde que Statkraft adquirió el proyecto Central Hidroeléctrica Los Lagos y otros proyectos previamente en manos de empresas chilenas. Las comunidades han denunciado reiteradamente la falta de consulta libre, previa e informada, así como la afectación espiritual, territorial y cultural derivada de dichos proyectos. Ambas detenciones han tenido, además, un profundo impacto psicosocial en los defensores y defensoras del territorio, en sus familias y, especialmente, en sus hijos e hijas.
En septiembre de 2023, las comunidades presentaron una queja ante el Punto Nacional de Contacto (PNC) de Noruega por vulneraciones a las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. Desde entonces, se ha intensificado el clima de presión, con declaraciones públicas de la gerencia de Statkraft que desconocen la legitimidad de las comunidades y alientan la aceleración del proyecto.
El Observatorio manifiesta su profunda preocupación por la creciente criminalización y el uso abusivo del derecho penal contra personas defensoras del territorio mapuche-williche. El Observatorio urge a las autoridades chilenas a garantizar los derechos de las personas defensoras del territorio, en particular su derecho a la libertad, a un juicio justo y al ejercicio de su labor sin represalias y a la empresa a ejercer su debida diligencia y respetar los derechos humanos.
Acciones solicitadas:
Por favor, escriban a las autoridades de Chile urgiéndolas a:
Poner fin a todo tipo de criminalización, hostigamiento y detenciones arbitrarias contra personas defensoras del territorio mapuche williche, en particular el Sr. Jaime Javier Uribe Montiel, el Sr. Felipe Trunci González y miembros del Aylla Rewe del Ngen Mapu Kintuantü;
Adoptar medidas urgentes de protección para la Machi Millaray Huichalaf, su círculo cercano y otras personas defensoras del territorio en riesgo, garantizando condiciones para el ejercicio seguro y libre de su labor;
Asegurar el respeto y cumplimiento del derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas;
Investigar de manera independiente e imparcial los abusos cometidos por fuerzas policiales y fiscales, incluyendo detenciones sin orden judicial, toma forzada de muestras biológicas y vigilancia ilegítima;
Exigir a la empresa Statkraft el cumplimiento de su obligación de debida diligencia en derechos humanos, en particular, rendir cuentas sobre cómo identifica y mitiga concretamente los impactos negativos en los derechos humanos, incluyendo el derecho a defender derechos humanos, que resultan del desarrollo de sus proyectos en la región.
Fuente: https://www.fidh.org/es/temas/defensores-de-derechos-humanos/chile-detenciones-arbitrarias-de-dos-defensores-de-derechos-humanos
