La Coordinadora de Comunidades Mapuche Williche “Willy Lafkén Weichán”, organización de hecho, que agrupa comunidades de los territorios desde Chaura Cahuin (Osorno) hasta el archipiélago de Las Guaitecas, viene en declarar lo siguiente:
Por Decreto Presidencial N° 14 del 21 de junio de 2023, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el presidente Gabriel Boric crea la Comisión para la Paz y el Entendimiento, la que tenía como principal función llevar adelante un plan de trabajo cuyo objetivo era “saldar la deuda del Estado” con el pueblo mapuche; en estricto rigor, de acuerdo a lo que señala el artículo 1 del Decreto Supremo N° 14, esta Comisión se crea con el propósito de “…asesorar al Presidente de la República para construir y consolidar una solución de largo plazo al conflicto territorial”.
Así también el propio DS en su artículo 4 señala que la comisión dispondrá de “…un plazo de hasta 18 meses para cumplir con sus objetivos…” que, si bien señala que dicho plazo podía ser prorrogable, finalmente estos plazos NO se cumplieron, ya que el 20 de enero del año en curso se amplió el plazo hasta el 31 de enero, no cumpliéndose tampoco dicho plazo por no haber acuerdos entre los comisionados; luego el 7 de febrero se vuelve a prorrogar, ahora hasta el 30 de abril, lo que, pese a los esfuerzos desesperados del gobierno, tampoco se cumplió ya que eran pasada la una de la madrugada del 1 de mayo cuando recién se dieron a conocer los primeros bocetos de lo que era el informe final de esta Comisión Presidencial.
En cuanto a la forma que esta Comisión trabajaría, tenía un objetivo específico según señala el Decreto 14 en su considerando 7, pues dice que la misma se crea “…con el objetivo de ser una instancia de diálogo y generación de consensos que permita tomar recomendaciones y propuestas desde las comunidades y los actores involucrados, para así construir y consolidar una solución de largo plazo a este conflicto.”
Es aquí donde comienza nuestras grandes diferencias con lo que analiza y propone esta comisión en su Informe Final.
En primer lugar señala el Informe que la Comisión tuvo conversaciones o algún tipo de contacto con alrededor de 5000 mapuche; en el último informe estadístico contenido en el Censo del año 2017 hay más de 1 millón 700 mil personas que se reconocieron como mapuche, de ello, el mayor porcentaje se encuentra en las grandes áreas urbanas, principalmente en el área metropolitana, territorio que no fue considerado como parte del trabajo que desarrollaría la CPyE, otro gran problema para el Estado porque esa población mapuche que se encuentra en Santiago principalmente no llegaron a parar hasta allí por agrado o por voluntad propia, la gran mayoría están en esas áreas obligados por las consecuencias dejadas por el genocidio ocurrido a partir de 1880, que Chile lo señala como “Pacificación de la Araucanía”, pero que en verdad fue un genocidio, que dicho sea de paso, tampoco es reconocido como tal ni en el Decreto N° 14 que creo esta CPyE, ni en el informe entregado por dicha Comisión al presidente de la república.
Con un universo de alrededor de 5000 mapuche no puede el Estado hablar de “representatividad”, menos cuando la gran mayoría de esas 5000 personas ni siquiera eran dirigentes en sus respectivos territorios, menos Autoridades Ancestrales del pueblo mapuche, por lo que el trabajo de dicha comisión pierde toda objetividad porque queda claro que se trabajó principalmente con los “mapuche dóciles” y serviles al Estado, pero no se trabajó con quienes hemos luchado incansablemente porque el Estado chileno reconozca su complicidad en el conflicto, y respete sus compromisos y de esa forma reconozca nuestros derechos, principalmente, los derechos al territorio.
En nuestros territorios por ejemplo, desde mediados del año 2022, al sur de Osorno y hasta Chiloé, apareció en algunos lof un personaje llamado Carlos García quien venía mandatado por el gobierno y se identificó como “afkadi” manifestando que el gobierno de Gabriel Boric tenía la intención de realizar encuentros locales, regionales y nacional para conversar sobre paz y entendimiento, pero hizo la aclaración que solo se iba a conversar con un sector de la nación mapuche, haciendo la diferencia que hay gente que busca soluciones pacíficas y otras que son conflictivas, dejando entrever ya en aquel tiempo que se pretendía separar a los “mapuche buenos” de los “mapuche conflictivos”, lo que finalmente ocurrió.
Esa información fue clave porque se logró hacer una buena lectura de lo que pretendía realizar el Estado; claramente ya se estaba haciendo la diferencia entre indios dóciles e indios rebeldes y con quienes era más factible que se logre concretar acuerdos que pongan punto final al conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche. Sin embargo, a la luz de lo que muestra hoy el informe de la CPyE, 5000 mapuche participaron de este proceso en el gulu mapu (territorio mapuche al oeste de la cordillera de Los Andes), obviando que el Estado chileno debe sentarse a parlamentar, a conversar con los representantes que se reconoce en los territorios de la nación mapuche del meli butalmapu y no con cualquier mapuche que desee recibir migajas del Estado.
El Estado no puede sentarse a conversar con mapuche serviles a sus propósitos ya que trabajan para el propio Estado, pero además son manipulados para hacer lobby a favor del Estado y en contra de su propia gente. Creemos que los diálogos, parlamento, nutran, que el Estado chileno quiera tener con la nación mapuche, deben ser de igual a igual, de nación a nación, con un Alto Comisionado que de confianza a ambas partes, que garantice que se puedan sentar las bases para llegar a acuerdos, entre cuyas bases sin lugar a duda deben tener un lugar predominante los tratados firmados por Chile, entre ellos obviamente el Tratado de Tapiwe, tratado firmado en 7 de enero 1825 en el que se pacta la paz y las fronteras entre Chile y la Nación Mapuche del Bio Bio al sur.
Hoy, sin embargo, quienes estuvieron sentados a la mesa de conversaciones fueron mapuches subordinados al Estado, entre ellos parlamentarios, que no representan al pueblo mapuche, sino que a sus partidos políticos; un ex alcalde y una académica que, si bien son mapuche, no tienen la más mínima legitimidad para representar a nuestro pueblo. Junto con este grupo de personas, hablando sólo de los “comisionados”, tenemos a gente que representan el interés económico que existe hoy por los territorios usurpados y que son herederos de los usurpadores a quienes este país no sólo le entregó las tierras usurpadas al pueblo mapuche, sino que los favoreció económicamente, incluso en tiempos más recientes como fue bajo la dictadura militar de Pinochet donde mediante el famoso Decreto 701 se bonificó casi en un 90% la plantación de pinos y eucaliptus que hoy infestan e inundan las regiones a las cuales se remitió esta Comisión, enriqueciendo de forma escandalosa a los mismos que reclaman violencia en esos territorios.
Lamentablemente también han sido “observadores” y han avalado este proceso la propia Organización de Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE) y otros organismos dependientes de los anteriores, como la OIT, sin tomar en cuenta que, si no estaban los representantes del pueblo mapuche, nombrados por los propios territorios, esta CPyE y todo su trabajo se tornaría estéril por más que lo traten de avalar estas organizaciones internacionales. Al respecto queremos recordar a dichos organismos, que sus propios mandatos los obligan a garantizar la paz y la buena convivencia en el mundo, especialmente en lugares donde se vislumbren conflictos como el que hoy existe ente Chile y el pueblo Mapuche, donde incluso la propia ONU a través de varios de sus organismos de Derechos Humanos, como lo son el Comité de Derechos Humanos y muchos Relatores Especiales, han señalado que esto es un conflicto Social y Político y que el Estado chileno debe hacer esfuerzos para soluciones en esa línea, pero sin lugar a duda, dichos esfuerzos deben incluir la participación activa del propio pueblo Mapuche a través de sus organizaciones y autoridades debidamente reconocidas por el propio Mapuche.
En los “diálogos” llevados a cabo en distintos territorios, quienes llevaron la voz cantante fueron siempre políticos y empresarios, incluso con un desprecio absoluto por los derechos de nuestro pueblo, como se vio en encuentros de este tipo llevados a cabo en Castro y en Osorno, donde la poca gente mapuche que participó fue ridiculizada y negados sus derechos, al respecto preguntamos ¿dónde están las actas de esos encuentros, los que deberían ser documentos públicos?
Uno de los “logros” del gobierno actual respecto a esta CPyE es que tienen el apoyo o acuerdo transversal de todos los partidos políticos, negando así que los partidos políticos no son garantía de imparcialidad, dado que como se ve hoy, son el instrumento de la sociedad acomodada que busca sus propios objetivos, el control del mercado en todo ámbito y para eso necesita tierra y mar, por lo mismo han financiado campañas políticas para asegurar de tener gente insertos en el parlamento desde donde los benefician con leyes represivas y acomodadas a sus propios interés, como lo que está ocurriendo hoy la las leyes de Pesca y de “Permisología”, entre otras. La sociedad chilena en general señaló fuerte y claro en el plebiscito de octubre del año 2020 que quería nueva constitución, con casi un 80% de preferencias, y con cifras similares, igual exigió que esa nueva constitución no sea hecha por los políticos porque no confiaba en ellos; este importante hecho histórico en Chile no fue considerado por el gobierno de Gabriel Boric y se jacta de que para la creación de esta CPyE se contó con el apoyo transversal de los partidos políticos, lo cual lo único que evidencia es que al gobierno y al Estado en general no le interesa la opinión de los ciudadanos, y esto es grave, porque se supone que Chile vive bajo un régimen o sistema “democrático” y en dichos sistema la “voz del pueblo” es la que manda, aquí se ha hecho caso omiso a ese mandato.
El considerando quinto del Decreto que creó la CPyE señala que uno de los objetivos de fondo tras lograr un acuerdo, no sabemos con quién, porque no es con el pueblo mapuche, sin embargo, tras ese supuesto acuerdo se buscaba “…adecuar y mejorar la institucionalidad vigente, en aras de construir un nuevo entendimiento entre el Estado de Chile, el pueblo Mapuche y todos(as) los(as) habitantes de dichas regiones.” Esta afirmación es en realidad el objetivo final del trabajo de esta CPyE; Chile busca a través de esta mal llamada Comisión de Paz y Entendimiento poner punto final a la demanda territorial del pueblo Mapuche, demanda que está respaldada por la vigencia del Tratado de Tapihue, el cual Chile busca eliminar a través de lo que denomina “un nuevo entendimiento …” lo que carece de toda racionalidad mientras las cárceles de todo el territorio mapuche se encuentran llenas de Presos Políticos a quienes se les ha condenado y se sigue condenando con montajes tan burdos, que algunos, como el caso “Huracán” han sido desenmascarados; no se puede hablar de paz mientras el territorio mapuche está infestado de policía militarizada y derechamente a través de los “estado de excepción” se han instalado verdaderos fuertes militares al igual como se hizo en los tiempos previos a la “pacificación de la Araucanía”. Este gobierno ha recibido a lo menos un par de llamados de atención por parte de personeros y organismos de Naciones Unidas precisamente por extender por demasiado tiempo una situación que debía ser de emergencia, y no de uso cotidianos como lo es esta militarización que agrede brutalmente a nuestras comunidades, lo que día a día lo evidencias las comunidades en distintos sectores del territorio mapuche, violentando a ancianos y niños casi a diario; así difícilmente se puede hablar de “Paz y Entendimiento”.
El Estado no ha cumplido tampoco con el Convenio 169 de la OIT ni mucho menos con el Tratado de Tapihue y de esta manera hace leyes y normativas en un territorio que no le pertenece ni legal ni moralmente, eso no queda reflejado tampoco en el informe de esta CPyE.
Por otro lado, mientras nuestro pueblo ha vivido en armonía con la naturaleza, el Estado chileno ha basado su economía en los recursos naturales, entregándolos en manos de empresas extranjeras que han explotado y destruido todo lo que para nuestros pueblos representan lugares sagrados, lugares de fortaleza espiritual, como son los cerros, los ríos, las montañas, la propia cordillera, el mar y todo lo que nos rodea, lo que representa el itrofil mogñen, o todo lo que tiene vida. Tampoco esto ha quedado de manifiesto en el informe de la CPyE, precisamente porque no fue una Comisión en la que de verdad participara activamente nuestro pueblo y el Estado chileno, sino que quienes participaron no tienen mayor apego al pueblo mapuche, ni tampoco por el otro lado eran representantes del Estado, es decir, más pareció una discusión de sordos y ciegos.
Por eso hoy venimos a denunciar y rechazar de forma categórica todo el trabajo de esta CPyE, porque no reúne los más mínimos elementos para ser legitimada y porque con su informe se busca la asimilación de nuestro pueblo, dejando atrás el Tratado de Tapihue, el cual debe ser un elemento angular al momento de discutir sobre la situación del pueblo mapuche; de la misma forma acusamos a los mapuche que integraron esta Comisión, calificándolos de YANACONAS y llamándolos a no seguir tratando de mostrar a Chile que representan a nuestro pueblo y su digna lucha; ustedes han perdido la nacionalidad mapuche por este acto de traición a su pueblo, y les decimos que nuestros kuifi ke che les cobrarán por esta traición.
Amulepe Taiñ Weichán. Marichiweuuuuuu
COORDINADORA DE COMUNIDADES MAPUCHE WILLICHE DE LA
BUTA WILLI MAPU “WILLI LAFKEN WEICHAN”
14 de mayo de 2025
