La propuesta de «Nueva Relación con el Pueblo Mapuche» del candidato Marco Enríquez-Ominami (MEO) a causado controversia. El político defendió la presencia militar en los territorios Mapuche. «¿Sabes por qué están los militares acá y por qué son bien valorados? Porque el Estado no es creíble, porque el Estado de Chile no es legítimo, porque las instituciones no son legítimas, son controvertidas. […] son los militares quienes deben imponer la ley», dijo MEO a radio Bio-Bío.
Ante eso la ONG Images For Inclusion se refirió a la presencia militar en la macrozona sur y las definiciones del derecho interrnacional sobre libredeterminación, entre otros temas.
Fuente: Images For Inclusion
01 de octubre de 2025
La ONG Images for Inclusion (IFI) alerta sobre una profunda contradicción en las posturas públicas respecto a una «Nueva Relación con el Pueblo Mapuche». IFI considera que la defensa de la presencia militar en los territorios Mapuche, a pesar de los llamados al diálogo, se sustenta en la inmoralidad y la falta de ética.
La Tutela Implícita: El Derecho de Libre Determinación Bajo Amenaza
Lidia Arriagada García, Presidenta de Images for Inclusion, subraya la contradicción insostenible en posturas que buscan un «nuevo trato» mientras imponen límites.
Algunas voces sostienen que si bien ‘entienden la libre determinación y la autonomía’, rechazan categóricamente la independencia del Pueblo Mapuche. La presidenta de Images for Inclusion enfatiza que esta postura es una «declaración de tutela».
La libre determinación (Artículo 3 de UNDRIP) no es un sinónimo de secesión o independencia forzosa. Por el contrario, es el derecho a definir libremente su estatus político y su desarrollo, lo que incluye la posibilidad de autonomía, autogobierno y control sobre sus tierras, territorios y recursos tangibles e intangibles, sin que ello implique romper con el Estado chileno.
La libre determinación y autonomía que se debe reconocer no buscan crear «un estado independiente». Este derecho fundamental es inherente a los Pueblos Indígenas preexistentes a la formación del Estado, y su ejercicio está lejos de querer socavar los cimientos de Chile; por el contrario, los fortalece y enriquece.
Su ejercicio desmantelaría el mito de un Estado monocultural y lingüístico, ennobleciendo a la República al situarla en sintonía con la diversidad natural de la existencia humana. De hecho, los Estados tienen la obligación de reconocer a los Pueblos Indígenas como sujetos específicos de derecho internacional y como titulares de derechos concretos en virtud de este, afirma IFI. Sin dicho reconocimiento, los Estados no pueden cumplir las obligaciones internacionales que les incumben en virtud de la Declaración…» (A/HRC/60/29, párr. 7). Tergiversar este derecho fundamental y promover un estado de excepción y opresión militar contradice la base misma de un trato justo y alineado con el derecho internacional.
La Imposición Militar: Excluir a los Afectados para Justificar la Fuerza
La contradicción se agrava con la defensa del Estado de Excepción, que apela a una supuesta «validación ciudadana» mientras ignora a las comunidades Mapuche afectadas y que la rechazan.
Posturas recientes declararon que el Estado de Excepción es «bien valorado por la ciudadanía». «Por lo que en una eventual gestión continuaría con la medida», y agregan que la presencia militar es necesaria porque el Estado chileno carece de legitimidad en la región.
Lidia Arriagada García señala que equiparar la ‘ciudadanía’ con aquella que apoya la militarización silencia a las comunidades Mapuche que rechazan el Estado de Excepción y viven bajo su amenaza. La solución a la falta de legitimidad no es enviar militares para imponer la ley, sino construir un nuevo pacto social basado en el reconocimiento de derechos. La persistencia del Estado de Excepción viola el derecho del Pueblo Mapuche a vivir en paz y seguridad.
Peligro para Mujeres y Niñas y el Vínculo Espiritual
La militarización del territorio Mapuche ignora el derecho colectivo del Pueblo Mapuche a vivir en paz y seguridad, afectando de manera desproporcionada a las mujeres y niñas indígenas, quienes son especialmente vulnerables.
Además, la persistencia del Estado de Excepción amenaza la cultura, la espiritualidad y el vínculo sagrado del Pueblo Mapuche con la Tierra (Ñuke Mapu), violando el Artículo 30 de UNDRIP, que prohíbe las actividades militares en tierras indígenas sin acuerdo. Diversos mecanismos de Naciones Unidas han instado a Chile a implementar la Recomendación General núm. 39 (GR 39) de la CEDAW, la cual establece que la discriminación contra las mujeres y niñas indígenas es perpetuada por factores como el colonialismo y la militarización.
La GR 39 subraya que la violencia de género afecta de forma desproporcionada a esta población y que la violencia espiritual y las violaciones a los derechos colectivos (como la seguridad de la tenencia de tierras) perturban su vida espiritual y el tejido social de sus comunidades
No puede haber mediación con más represión
«La solución al conflicto en Wallmapu no es más represión militar, sino construir un nuevo contrato social a través de la descolonización real y el reconocimiento pleno de sus derechos, sentando las bases de la legitimidad que el Estado chileno hoy no tiene”.
Lidia Arriagada García insta a que se detenga la instrumentalización de los derechos del Pueblo Mapuche en cualquier contexto y a que las figuras públicas se comprometan con la aplicación rigurosa de los instrumentos internacionales de derechos humanos de los Pueblos Indígenas, como herramienta indispensable para la justicia y la paz.
Chile no puede avanzar hacia la paz negociando derechos humanos fundamentales mientras mantiene una postura de imposición militar.
ACLARACIÓN INSTITUCIONAL DE IMAGES FOR INCLUSION (IFI): La organización IFI reafirma su estricto compromiso con la no intervención política partidista. La crítica se dirige exclusivamente a las políticas públicas que vulneran derechos (militarización, violencia estructural hacia niñas y mujeres indígenas, Estado de Excepción, etc.). Las opiniones vertidas sobre campañas o candidatos en este artículo fueron atribuidas por error a la postura oficial de la ONG y no representan la visión institucional de IFI.
