Las declaraciones de la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, en que defendió el derecho de libre determinación del pueblo de Rapa Nui, motivó un reproche público de la Cancillería y una rápida escalada de reacciones políticas y mediáticas en Chile. Desde sectores de la oposición y del oficialismo se exigió su renuncia, mientras que organizaciones rapa nui, y representantes indígenas la respaldaron. Aquí publicamos una columna de la diputada Erika Ñanco
Por: Ericka Ñanco
Diputada de la República (FA)
04 de enero de 2026
Las reacciones histéricas ante los dichos de la embajadora Manahi Pakarati sobre Rapa Nui revelan un problema más profundo que la ignorancia: revelan miedo a cumplir la palabra empeñada.
Porque la libre determinación indígena no es una ocurrencia de la embajadora. Es un derecho consagrado en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas. Tratados que Chile firmó, ratificó y se comprometió a respetar.
Quien pide su renuncia no está defendiendo la soberanía nacional. Está pidiendo que Chile incumpla su palabra internacional.
¿De qué hablamos cuando hablamos de autodeterminación?
La libre determinación indígena no es independencia ni secesión. Es participación vinculante en decisiones que afectan nuestros territorios, lenguas y culturas. Dentro del Estado chileno, no fuera de él.
Es consulta previa que se respete, no simulacros burocráticos. Es autonomía territorial para preservar lo que el Estado nunca ha logrado proteger: nuestro patrimonio ancestral. Quien confunde esto con “balcanización” o bien no ha leído los tratados, o bien necesita el miedo para bloquear derechos que incomodan intereses económicos concretos.
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En 1888, el rey Atamu Tekena entregó “te hau o te henua” —el pasto, lo de arriba— pero reservó “te kainga” —la tierra profunda— para su pueblo. La tradición oral rapa nui es clara: no hubo cesión completa.
Sin embargo, Chile inscribió el 80% del territorio como fiscal. La usurpación se legalizó con un papel que contaba una versión distinta en cada idioma.
Hoy, 136 años después, el mismo patrón se repite: proyectos buscan debilitar la Ley Lafkenche para abrir el borde costero mapuche a intereses privados. Se nos consulta para cumplir el trámite, pero no se respeta nuestra decisión. Se nos reconoce en leyes secundarias, pero se nos niega rango constitucional.
A quienes agitan el espantajo del “veto indígena” les pregunto: ¿por qué les aterran nuestros derechos colectivos?
Los derechos de los pueblos indígenas no anulan derechos individuales, los complementan. Igual que los derechos sindicales no eliminan derechos laborales individuales, sino que los fortalecen. Una democracia madura no teme a la diversidad institucional. La pluriculturalidad no fragmenta: reconoce lo que siempre existió. Chile es multicultural desde su fundación. La pregunta es si seguiremos negándolo o si tendremos la honestidad de consagrarlo.
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No pedimos privilegios. Exigimos que Chile cumpla los tratados que firmó. No amenazamos la unidad nacional. Denunciamos que durante 200 años esa “unidad” se construyó sobre nuestro despojo. No queremos separarnos de Chile. Queremos que Chile finalmente nos incluya como sujetos plenos de derecho.
Pueden intentar silenciar a nuestras autoridades, trabar cada proyecto de reconocimiento en comisiones parlamentarias, recortar cada peso de presupuesto indígena. Pero hay algo que no podrán extinguir: el kimun que se transmite de generación en generación, la memoria grabada en la tierra que habitamos.
Porque la autodeterminación no es una amenaza. Es simplemente cumplir la palabra que Chile dio al mundo cuando firmó esos tratados. Y si eso les da miedo, el problema no es nuestro derecho. Es su incapacidad para imaginar un país donde quepamos todos.-
