La inédita subasta judicial busca asegurar recursos para restaurar la Quebrada La Loma, intervenida por una inmobiliaria que parceló el sector y abrió caminos privados sin autorización, en un caso que marca un giro en la capacidad coercitiva de la justicia ambiental chilena.
Santiago, 03 de diciembre de 2025. (Diariomapuche.cl)– En un fallo inédito para la justicia ambiental chilena, el Segundo Tribunal Ambiental ordenó el remate de tres predios pertenecientes a la Inmobiliaria Altos del Yali, con el fin de financiar la primera etapa del plan de reparación por el daño causado en la Quebrada La Loma, en Santo Domingo. La subasta, que se realizará este jueves 4 de diciembre, marca la primera vez que un tribunal ambiental recurre a la venta forzada de bienes para asegurar la ejecución efectiva de una sentencia.
El caso tiene su origen en la intervención que la empresa realizó para abrir un camino destinado a conectar parcelas que pondría a la venta. Según consta en la demanda ejecutiva presentada por la Municipalidad de Santo Domingo, la inmobiliaria destruyó parte de la quebrada y afectó gravemente vegetación, suelo y cauce, alterando el ecosistema del sector para habilitar accesos privados.
La presentación judicial señala que las obras removieron cobertura vegetal, modificaron la estructura del terreno y afectaron directamente un curso natural de agua, generando un daño ambiental significativo en un área protegida por su valor ecológico.
El fallo de 2020 del mismo tribunal había condenado a la empresa a reparar el daño mediante un plan técnico que debía ser presentado en un plazo de 90 días y posteriormente ejecutado tras su aprobación por la Superintendencia del Medio Ambiente.
Sin embargo, pese a que la sentencia quedó firme en 2021, Altos del Yali no inició ninguna de las obligaciones impuestas. En marzo de 2023, tras casi dos años de incumplimiento, la Municipalidad de Santo Domingo presentó una demanda ejecutiva para forzar la ejecución del fallo.
Ante la persistente inacción de la compañía, el municipio solicitó autorización para asumir directamente la elaboración del plan de reparación, exigiendo que los costos fueran cargados a la inmobiliaria. El tribunal acogió la solicitud y fijó en 1.251 UF más IVA el presupuesto necesario para desarrollar la propuesta técnica que luego evaluará la Superintendencia del Medio Ambiente. Al no consignar los fondos exigidos, se ordenó el embargo de bienes y, finalmente, la realización del remate.
Una estrategia institucional para hacer cumplir las sentencias
El Segundo Tribunal Ambiental ha reforzado en los últimos años su política de cumplimiento efectivo. La decisión de ordenar un remate judicial busca evitar que las sentencias sobre daño ambiental queden sin ejecución y que los responsables evadan sus obligaciones de reparación. La judicatura especializada sostiene que una justicia ambiental efectiva requiere medidas concretas para restaurar los ecosistemas afectados, incluso recurriendo a acciones extraordinarias cuando los condenados no cumplen.
Los inmuebles que llegarán a subasta
Tres predios de Altos del Yali serán rematados:
Lote 146-17 del ex fundo San Enrique de Bucalemu, inscrito en 2016.
Lote 41-3 del predio rural Fundo San Enrique de Bucalemu, también inscrito en 2016.
Parcela 61-26 de la ex Hacienda El Convento, inscrita en 2017.
Todos ellos se encuentran con embargo registrado en el Conservador de Bienes Raíces de San Antonio.
Quienes deseen participar deberán presentar un vale a la vista por el 10% del mínimo fijado. Si el adjudicatario no firma la escritura dentro del plazo legal, perderá la garantía, según establece el artículo 494 del Código de Procedimiento Civil. Si la Municipalidad de Santo Domingo obtiene alguno de los lotes, no estará sujeta a plazos para formalizar la compra.
Un caso que sienta precedente
El remate ordenado por el Segundo Tribunal Ambiental no solo busca financiar la primera fase del plan de reparación, sino que también instala un precedente sobre la capacidad coercitiva de la justicia ambiental chilena. Por primera vez, un tribunal especializado recurre a la venta forzada de activos para asegurar que un ecosistema dañado sea efectivamente restaurado. En Quebrada La Loma, la reparación está pendiente desde hace años y el fallo apunta a poner fin a un ciclo de incumplimientos que ha impedido devolver funcionalidad ecológica a un espacio intervenido sin autorización.