- A un año de la desaparición de Julia Chuñil Catricura, el caso sigue sin justicia. Su familia denuncia abandono y violencia, las organizaciones exigen protección y el Estado mantiene una lentitud e inacción que revela la impunidad frente a quienes defienden la naturaleza.
- El avance del extractivismo en el sur del país está multiplicando los conflictos socioambientales. Hoy las tensiones alcanzan bosques, ríos, mares y territorios codiciados por las industrias minera y energética. Por esta razon es necesario que la justicia y las instituciones del Estado actúen con urgencia y con un enfoque precautorio y protector.
Editorial: DiarioMapuche.cl
06 de noviembre de 2025
A un año de la desaparición de Julia del Carmen Chuñil Catricura, su nombre sigue resonando en los lof, en los caminos de Máfil y en las calles de Temuco y Santiago, donde mujeres mapuche, estudiantes, defensores de la naturaleza y organizaciones de derechos humanos han alzado su retrato exigiendo justicia.
Pero la justicia no llega. El silencio oficial contrasta con la claridad moral de una causa que encarna las grietas más profundas del Chile contemporáneo: el abandono histórico de los pueblos originarios y la impunidad frente a la violencia ejercida contra quienes defienden la tierra. La ONG EscazuAhora afirma que entre 2023 y 2024 se registraron 82 agresiones contra personas defensoras ambientales en Chile.
En democracia, Chile suma varios casos de personas asesinadas o desaparecidas en conflictos sociales y territoriales. Figuran José Huenante en Puerto Montt, Macarena Valdés en Panguipulli, Alejandro Castro en Quintero y Emilia Milén Herrera Obrecht, conocida como Bau, asesinada en 2021 por guardias privados del condominio Riñihue, en Panguipulli.
Ninguno de estos casos ha tenido una respuesta que esté a la altura de los estándares que Chile dice respetar cuando firma Escazú o habla de derechos humanos en foros internacionales.”
La deuda del Estado y los estándares internacionales
Julia Chuñil no es solo una “persona desaparecida”. Es una defensora del territorio y del medioambiente, reconocida por su comunidad, cuya desaparición —ocurrida en noviembre de 2024— se inscribe en el marco de las obligaciones que el Estado chileno se ha comprometido con instrumentos como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, el Convenio 169 de la OIT, el Acuerdo de Escazú y la Declaración de la ONU sobre Defensores de Derechos Humanos.
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos (CIDH) orienta a que los Estados deben prevenir, investigar y sancionar los ataques contra defensores y defensoras ambientales, así como adoptar medidas de protección eficaces. El Acuerdo de Escazú, vigente en Chile desde 2023, es aún más explícito: obliga a los Estados a garantizar un entorno seguro para quienes defienden el ambiente, incluyendo la investigación oportuna y transparente de toda amenaza, agresión o desaparición.
Sin embargo, en el caso de Julia, ni la Fiscalía ni las instituciones encargadas de los derechos humanos han actuado con la diligencia debida. Su familia denuncia una investigación lenta, centrada injustamente en los propios familiares y sin avances sustantivos respecto al empresario forestal que mantenía conflicto con la comunidad Putreguel. La desconfianza hacia la institucionalidad se profundiza cada día que pasa sin respuestas.
Julia defendía el bosque nativo, el agua y el equilibrio de la vida. Lo hacía en un territorio marcado por la expansión forestal, la contaminación de los ríos y la pérdida de tierras ancestrales.
Su desaparición es también la desaparición simbólica de esa voz incómoda que recuerda que el progreso no puede seguir construyéndose sobre la devastación.
La familia Chuñil Catricura no busca solo justicia individual: exige reconocimiento colectivo. Denuncia un patrón de violencia estructural que, como han advertido informes de la CIDH, afecta de forma diferenciada a las mujeres indígenas defensoras de la naturaleza.
Son ellas quienes enfrentan criminalización, vigilancia, amenazas y, en casos como este, la desaparición.
La necesidad de no olvidar
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos es claro: frente a la inacción estatal, la sociedad tiene el deber de mantener viva la memoria y exigir verdad. Julia Chuñil representa hoy el rostro de una lucha que trasciende lo local: la defensa del Itrofill Mongen —la diversidad de la vida—, el derecho de los pueblos a existir en su territorio y la responsabilidad colectiva de proteger a quienes cuidan la Tierra.
La desaparición de Julia Chuñil no es un hecho aislado: es el síntoma de un modelo que prioriza la rentabilidad sobre la vida, que ve los bosques como madera y no como memoria y vida en su máxima expresión.
Verdad, Justicia y Memoria
A un año de su desaparición, la búsqueda de Julia Chuñil debe seguir potenciándose en acciones concretas, especialmente del Estado y su sistema judicial. Además es necesario recalificar el caso como desaparición forzada; aumentar la presión para que la investigación cambie de Fiscal; seguir denunciando el caso en instancias internacionales y exigir también protección efectiva para su familia.
El avance del extractivismo en el sur del país está multiplicando los conflictos socioambientales. Hoy las tensiones alcanzan bosques, ríos, mares y territorios codiciados por las industrias minera y energética. Por esta razón es indispensable que la justicia y las instituciones del Estado actúen con urgencia y con un enfoque precautorio y protector. Además también es necesario que se conforme una Comisión de Verdad y Justicia para defensoras de la Naturaleza que ya han sido violentados.
Estas acciones son un llamado urgente para que el Estado cumpla su deber de proteger la vida, la verdad y la naturaleza.*****FIN*****
Wallmapu, noviembre de 2025
