- La Corte de Apelaciones de Valparaíso ya se pronunció el jueves 4 de septiembre aprobando la solicitud de desafuero presentada por la periodista Josefa Barraza Díaz en contra del diputado Sergio Bobadilla Muñoz, por su presunta responsabilidad como autor del delito de injurias graves con publicidad.
- Lo que está en juego no es el honor de un parlamentario ni el alcance del fuero, sino la capacidad del régimen de imponer un clima de persecución política. La ofensiva contra Llaitul, la CAM y periodistas como Barraza no es un episodio aislado: es la punta de lanza de un proyecto de disciplinamiento que busca cortar de raíz la solidaridad entre el movimiento mapuche, la clase trabajadora y los sectores populares.
Por: Valeria Menéndez/ Liberacion.cl citado por Resumen Latinoamericano
10 de septiembre de 2025
Hasta la Corte Suprema llegó el diputado Sergio Bobadilla (UDI) en un intento desesperado por evitar su desafuero. El parlamentario enfrenta una querella de la periodista Josefa Barraza, a raíz de publicaciones difamatorias en redes sociales en que, manipulando un reportaje sobre Héctor Llaitul, buscó instalar la idea de una connivencia entre el periodismo crítico y la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).
El episodio, presentado como una simple disputa judicial, en realidad forma parte de una ofensiva mucho más amplia: una campaña macartista dirigida desde las altas esferas del régimen, que encabeza el Gobierno de Boric, que persigue no solo acallar al movimiento de liberación mapuche, sino también estigmatizar a quienes se atreven a cubrirlo con independencia.
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El libreto del macartismo criollo
La figura de Héctor Llaitul ha sido transformada en símbolo del “enemigo interno”, y la CAM en el chivo expiatorio que legitima la militarización del Wallmapu. Bajo la retórica de la “seguridad nacional” y el “orden público”, se monta un libreto conocido: terrorismo, narcotráfico, desestabilización. El objetivo es claro: aislar la causa mapuche y presentar como criminal lo que no es más que una lucha anticolonial por la tierra y la autodeterminación.
Bobadilla, con sus publicaciones, no hizo más que replicar esa lógica. Amplificó versiones manipuladas para instalar sospechas sobre Barraza y sobre la legitimidad misma del trabajo periodístico. En los hechos, se trata de un intento por reprimir dos voces a la vez: la de un movimiento insurgente y la de quienes lo narran desde fuera del cerco mediático oficial.
El periodismo bajo la mira
Josefa Barraza, como otros comunicadores críticos, se ha dedicado a informar sobre el conflicto en el sur desde un prisma distinto al de los grandes medios. Su castigo, ahora, es la difamación pública, la exposición a redes de odio y la judicialización de su nombre. No es casualidad: la campaña busca que ningún periodista ose dar espacio a la voz mapuche sin pagar un precio.
La estrategia, además, es funcional a la normalización de la represión. Si el periodismo independiente se asocia a la insurgencia, se vuelve más fácil justificar la censura, el silenciamiento y, en última instancia, la violencia estatal.
Fuero parlamentario y privilegios
El debate sobre el fuero parlamentario —esa coraza constitucional que protege a diputados y senadores de ser procesados sin autorización judicial— no debe ocultar el fondo del asunto. Más allá de tecnicismos jurídicos, el caso Bobadilla refleja cómo sectores del poder político utilizan privilegios institucionales para blindar campañas de odio, amparadas en la supuesta “libertad de expresión”.
La defensa del diputado pretende reducirlo todo a un debate sobre la crítica política. Pero aquí no se trata de fiscalización: se trata de difamación como arma para reforzar la criminalización del pueblo mapuche.
Solidaridad obrera y popular
Lo que está en juego no es el honor de un parlamentario ni el alcance del fuero, sino la capacidad del régimen de imponer un clima de persecución política. La ofensiva contra Llaitul, la CAM y periodistas como Barraza no es un episodio aislado: es la punta de lanza de un proyecto de disciplinamiento que busca cortar de raíz la solidaridad entre el movimiento mapuche, la clase trabajadora y los sectores populares.
Frente a esta campaña macartista, el silencio equivale a complicidad. Es tarea del movimiento obrero y popular denunciar la persecución, defender la libertad de expresión real —la de quienes resisten— y afirmar que la causa mapuche es parte inseparable de la lucha contra el capitalismo, la expoliación forestal y el Estado que los ampara.
FUENTE: Liberación cl.
