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La entrega presencial de la carta buscó subrayar la urgencia de revocar la consulta indígena, denunciada como una vulneración a los derechos de los Pueblos Indígenas —en especial del Pueblo Mapuche—, tras la falta de respuesta del gobierno al cual ya se le había enviado el documento por vía electrónica.
- La misiva de la ONG Images for Inclusion también se entregó al presidente de la Corte Suprema, al Fiscal Nacional, a parlamentarios y otras autoridades del Estado de Chile.
- La información además también fue entregada hace unos días al Relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Santiago, Chile, 19 de agosto de 2025. (IFI)– — En un acto que subraya la extrema gravedad de la situación, Lidia Arriagada García, presidenta de la ONG Images for Inclusion Inc (IFI), viajó personalmente desde Nueva York para entregar una «Carta Abierta» al Presidente de la República, Sr. Gabriel Boric Font. El documento fue recibido este lunes, 18 de agosto de 2025, en el Centro de Documentación del Palacio de La Moneda.
Este viaje en persona, sin precedentes para la entrega de una misiva, se realizó para ponerle el énfasis y la importancia que el tema merece. En la «Carta Abierta», IFI solicita la «imperiosa necesidad de su pronta revocación». En vista de la falta de acceso directo al Presidente por vía electrónica, esta entrega presencial fue un paso sustancial para asegurar que el peligro de la situación, dada la vulneración de los derechos de los Pueblos Indígenas – especialmente del Pueblo Mapuche– fuera atendida directamente.
La «Carta Abierta» fue previamente enviada vía correo electrónico a otros altos funcionarios, como el Presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco Herrera, la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputadas y Diputados, Sra. Carolina Tello Rojas, y el Fiscal Nacional, Ángel Valencia Vásquez, quienes no han acusado recibo de la misma.
En la carta, la organización acusa que el proceso de «Consulta Previa sobre un Nuevo Sistema de Tierras Mapuche» es «ilegítimo, arbitrario y de mala fe». La misiva sostiene que el proceso no busca la restitución de tierras, sino que «pretende cambiar la legislación para eludir esta obligación, actuando de forma engañosa».
Entre los argumentos expuestos por la organización se destacan:
- Vicios de legalidad: La consulta se basa en el Decreto Supremo N° 66 de 2013, que «previene» la participación plena y efectiva de todos los Pueblos Indígenas, y no garantiza un mecanismo para alcanzar el consentimiento libre, previo e informado, sino que la convierte en un sustituto de éste.
- Discriminación masiva: La consulta excluye a aproximadamente el 50% del Pueblo Mapuche y a otros Pueblos Indígenas legalmente reconocidos afectados por una misma ley.
- Ignorancia del derecho internacional: Omite de forma «arbitraria e intencionalmente» la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP), y distorsiona el espíritu del Convenio 169 de la OIT.
- Falta de perspectiva de género: Carece de un enfoque de género, contraviniendo la Recomendación General N° 39 del Comité CEDAW.
IFI, una organización con estatus consultivo ante la ONU, ya ha enviado una «apelación urgente» al Relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Dr. Albert K. Barume. «El gesto de viajar miles de kilómetros para hacer la entrega en persona, evidencia la magnitud y urgencia con la que la comunidad internacional observa el proceso y la necesidad del respeto a los derechos humanos de los Pueblos Indígenas en el país», señala la organización.
Lidia Arriagada García espera que el Presidente no ignore la Carta Abierta ni el llamado de «cientos de comunidades indígenas que están rechazando la consulta», como lo demuestran los tres recursos de protección presentados y las demostraciones a lo largo del territorio Mapuche. Para que una consulta sea legítima, debe basarse en un «proceso de buena fe», asegurar la «participación genuina» y buscar el «Consentimiento Libre, Previo e Informado» (FPIC).
«El respeto irrestricto a los derechos humanos incluye el respeto irrestricto a los derechos de los Pueblos Indígenas, en conformidad con el derecho internacional. La consulta no es consentimiento», concluye.
