- En opinión de la ONG Images for Inclusion, que funciona desde Nueva York, la consulta actual no es un ejercicio de diálogo genuino, sino una imposición que solo servirá para profundizar la desconfianza y la inestabilidad social.
- Además, es la manifestación de un vicio sistémico de legalidad, arbitrariedad y mala fe.
- Continuar con este proceso, tal como está diseñado, expone al Estado de Chile a un alto riesgo de litigios judiciales y de condena por parte de la comunidad internacional.
Fuente: Lidia Arriagada-Garcia
Images for Inclusion
New York
12 de agosto de 2025
Fotografía de portada de Images for Inclusion
En un hecho de profunda preocupación, la ONG Images for Inclusion ha alzado su voz ante la comunidad internacional, enviando una apelación formal al Relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Desde Nueva York, esta organización ha calificado el actual proceso de «Consulta Previa sobre un Nuevo Sistema de Tierras Mapuche» en Chile como un acto de «despojo encubierto, perverso y de mala fe». Esta apelación no solo busca la intervención de la ONU, sino que también tiene como objetivo concientizar a la opinión pública y, en especial, al propio Pueblo Mapuche sobre la gravedad de un proceso que consideramos ilegítimo y profundamente perjudicial.
La denuncia se basa en una serie de argumentos jurídicos detallados que se han expuesto en una carta abierta a las máximas autoridades de Chile. En ella, se sostiene que este proceso de consulta, lejos de buscar la restitución de tierras, tiene como fin último modificar la legislación para eludir esta obligación histórica.
Vulneración de la buena fe y el consentimiento
La consulta se instruye bajo la Resolución Exenta N° 244, que se basa en el Decreto N° 66. Este decreto permite que el proceso se considere «cumplido» incluso si no se logra un acuerdo o consentimiento. Esta disposición, a juicio de Images for Inclusion, distorsiona el espíritu del Convenio 169 de la OIT y vulnera el principio fundamental del Consentimiento Libre, Previo e Informado (FPIC).
Discriminación masiva
El proceso es «discriminatorio» al excluir alrededor del 50% del Pueblo Mapuche, lo que según el Censo 2024, se traduce en 804,453 personas que residen fuera de las 4 regiones a consultar. “Incluso la Ley N° 19.253, en su artículo 1°, reconoce que para los indígenas ‘la tierra es el fundamento principal de su existencia y cultura’”. El Convenio 169 de la OIT no avala una consulta parcial, ya que se refiere a los «pueblos interesados» como una totalidad, no a una porción de ellos.
Omisión intencional de la UNDRIP
El gobierno chileno ha omitido «arbitraria e intencionalmente» la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP), que Chile ha firmado. Esta declaración establece las normas mínimas para la supervivencia, dignidad y bienestar de los pueblos indígenas , y su omisión es una falta grave a los estándares internacionales.
Falta de perspectiva de género
El proceso carece por completo de un enfoque de género, lo que contraviene la Recomendación General N° 39 del Comité CEDAW, que aborda la violencia estructural contra mujeres y niñas indígenas. El Foro Permanente de la ONU ya ha instado a Chile a aplicar esta recomendación, y su ignorancia en esta consulta es inaceptable.
Conclusión y llamado a la acción
En opinión de la ONG que funciona desde Nueva York, la consulta actual no es un ejercicio de diálogo genuino, sino una imposición que solo servirá para profundizar la desconfianza y la inestabilidad social. Sostenemos que esta consulta es la manifestación de un vicio sistémico de legalidad, arbitrariedad y mala fe. Continuar con este proceso, tal como está diseñado, expone al Estado de Chile a un alto riesgo de litigios judiciales y de condena por parte de la comunidad internacional.
«Creemos firmemente que la única manera de resolver este problema es con un enfoque que mire hacia adelante, que no se centre en justificar lo que se hizo, sino en lo que debemos hacer mañana para construir una solución definitiva. Por ello, nuestra ONG ha instado a las máximas autoridades de Chile a actuar con la debida diligencia y a reconocer la ilegitimidad de esta iniciativa, dando así el primer paso hacia una verdadera solución».
